Un informe jurídico oficial retrasa el decreto que liquidará las Cámaras urbanas

La Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo está retrasando la aprobación del decreto de liquidación de las Cámaras de la Propiedad Urbana, al no emitir un informe preceptivo previo al debate en el Consejo de Gobierno. Fuentes del Ejecutivo sostienen que no se trata de un retraso deliberado, sino del "tiempo necesario" de ese órgano para cumplir los requisitos de legalidad de cualquier decreto. Tanto Vivienda como Vicepresidencia se comprometieron a aprobar el decreto antes de las elecciones autonómicas del pasado día 17. Los plazos para las alegaciones de las tres Cámaras y de los trabajadores retrasaron algo la entrada del proyecto regulador en la asesoría jurídica, lo que hizo imposible su aprobación antes de que el Gobierno quedara en funciones. Los dos departamentos afectados del Ejecutivo consideran que la aprobación del texto antes de la formación del nuevo Gobierno no le resta legitimidad ni fuerza.

Se trata del segundo proyecto de decreto que maneja la Administración vasca, tras el que remitió a mediados de 2004 a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para evitar una reprimenda judicial por su dilación en cumplir los términos de una sentencia anterior. Dicha sala condenó al Gobierno en 2002 a liquidar las cámaras como corporaciones de derecho público y a asumir a su personal, en aplicación de un Real Decreto de 1994. El pasado año, y ante la pasividad del Ejecutivo a la hora de llevar a cabo los términos de la resolución, el Superior dictó un auto de ejecución de sentencia en el que advertía a Función Pública de que, si no integraba a los trabajadores de las cámaras en la Administración, lo haría por sus propios medios. El Gobierno vasco estuvo a punto de incurrir en desacato.

Servicios para todos

El nuevo decreto establece el cese de las funciones que desempeñan actualmente las tres Cámaras urbanas de Euskadi. A partir de ese momento, será Vivienda quien asuma los servicios que desempeñan esos organismos, tales como la información en materia de derechos y obligaciones de propietarios de bienes inmuebles, y visado oficial y registro de contratos de arrendamiento. El gran cambio en la prestación de los servicios es que ahora la ventanilla estará abierta no sólo para el propietario, sino también para los inquilinos, mientras que ahora se trataba exclusivamente de asociaciones de parte.

Además, Vivienda desempeñará las funciones de mediación y conciliación en los conflictos que surjan entre los propietarios e inquilinos, siempre que las dos partes lo soliciten. Finalmente, la Administración asumirá también el registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos. Mientras no se produzca la incorporación del personal al Gobierno vasco, éste seguirá prestando sus servicios en los locales de las cámaras.