"Dejar de combatir el 'botellón' puede ser prevaricación"

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) publicó el pasado jueves su memoria de 2004. Su titular, Jesús García Calderón, recuerda en ella a las administraciones que el botellón ha dejado de ser un problema menor para convertirse en un fenómeno de "contaminación múltiple" que a la vez es caldo de cultivo para otros delitos como el tráfico de droga, la conducción alcohólica, los daños o las lesiones. El fiscal jefe subraya que el Código Penal recoge la prevaricación omisiva para las autoridades que toleren reiterados incumplimientos de la normativa medioambiental. La memoria recomienda que se investigue a los inmigrantes que llegan en pateras antes de proceder a su devolución con el fin de desarticular redes de tráfico de personas y detectar posibles terroristas. Respecto al fenómeno de la siniestralidad laboral, aplaude la intención de Interior de crear una policía especializada como medida preventiva.

"Una policía especial para la siniestralidad evitaría la explotación de extranjeros"

"Podrían abrirse centros en Marruecos para acoger a los menores inmigrantes"

Pregunta. ¿A qué se debe la pasividad de las administraciones respecto al botellón de la que usted se queja en la memoria?

Respuesta. No es un problema nuevo. Tiene una vida de ocho o diez años. Siempre han existido este tipo de manifestaciones, gente que se congrega en un sitio para beber y divertirse, pero hasta ahora ha sido en días muy concretos y en espacios apropiados, fuera de los cascos históricos. Hoy este fenómeno comienza a incidir muy directamente en la ciudadanía. El primer toque de aviso fue la contaminación acústica, que ha dado lugar a sentencias de tribunales europeos que condenan a la administración por su pasividad. El Código Penal introdujo en 1995 la figura de las prevaricaciones omisivas que castiga a las autoridades que permiten infracciones medioambientales y esto es lo que se plantea ahora mismo. La solución no es proceder contra el infractor, que sería desproporcionado, sino exigir a la administración que ejerza una tutela. Para eso es necesaria una legislación que ha tenido éxito en otras Comunidades Autónomas.

P. Habla usted de delitos asociados a estas fiestas callejeras.

R. En el caso de los macrobotellones, lo que hemos llamado contaminación múltiple, percibimos que cada vez hay una incidencia mayor en algunas formas de criminalidad. A lo mejor no son delitos muy graves, pero afectan a bienes culturales, a la salud de la ciudadanía, tienen una influencia nefasta sobre el turismo, dan lugar a delitos contra la seguridad del tráfico, a la venta de drogas entre menores, al consumo excesivo de alcohol, a delitos de desobediencia a la autoridad, lesiones... Todo un elenco delictivo que debemos considerar.

P. ¿Cualquier ciudadano afectado podría acusar a un ayuntamiento de prevaricación con la legislación actual?

R. Para que sea así hay que definir y tipificar bien la infracción medioambiental. Lo primero es ver cuáles son las infracciones que la administración puede desatender para acusarla de de ese tipo de prevaricación. Si estuvieran bien perfiladas, los ayuntamientos tendrían un deber cuyo incumplimiento podría dar lugar a ese tipo penal. Otra posibilidad es recurrir a otros ámbitos

[contencioso-administrativo] como en Valencia con la contaminación acústica. En ese caso también se trata de perseguir a la autoridad. Ese es el camino que han adoptado los tribunales europeos.

P. Algunas capitales, como Granada, confinan a los jóvenes en algunas zonas. Córdoba ha optado por los botellódromos.

R. Yo me inclinaría más por labores de concienciación social que alerten a los jóvenes sobre el peligro que tiene el excesivo consumo de alcohol y drogas. Se trata de evitar estas formas de entretenimiento. Confinarlos o meterlos en botellódromos son soluciones menores. Los jóvenes deben saber conjugar la diversión con el respeto a los derechos del resto de los ciudadanos. El objetivo debe ser acabar con el fenómeno.

P. Junto a la referencia al botellón, la memoria refleja un aumento importante de las causas de menores. ¿Están relacionadas ambas cosas?

R. Puede ser. Este año hemos pedido a los equipos técnicos de la Junta

[que asisten a los menores durante sus juicios] que hagan un informe sobre consumo de drogas entre jóvenes infractores. La conclusión es que la presencia de estas sustancias incide muy directamente en la delincuencia. Pero la elevación de los índices delictivos entre los menores es algo que se produce cada año. También hay una elevación cualitativa, los delitos son cada vez más graves. Debe haber una relación entre ambas cuestiones.

P. En cuanto a los menores inmigrantes, la memoria dice que la prohibición de repatriar automáticamente a los mayores de 16 años [vigente desde octubre] se ajusta mejor a la legalidad, pero parece que la solución no les satisface totalmente.

R. El problema tiene unas dimensiones extraordinarias. Siempre me he mostrado partidario de establecer fórmulas de retorno respetuosas con la legalidad. Para eso la única solución es la cooperación transfronteriza para devolverlos con las debidas garantías porque en definitiva, no discutimos el retorno, sino que éste sea legal. Una solución podría ser la creación de centros de acogida en Marruecos donde se admita ese retorno con una gestión compartida por las administraciones de ambos países.

P. Para los mayores, el Gobierno ha conseguido repatriar inmediatamente a los que llegan, pero ustedes también lo critican.

R. La devolución inmediata se ha convertido en una obsesión, pero a nosotros nos parece importante investigar el tráfico de personas. Hay provincias donde sí se abren bastante procedimientos sobre estos delitos, por ejemplo la provincia de Cádiz, pero en otras provincias, como Granada, no. Nos parece un error focalizar el delito en la entrada. Lo importante es analizar qué ocurre antes, cómo se canalizan todas estas formas de criminalidad, y qué ocurre después, porque la inmigración irregular abastece redes de tráfico ilícito de mano de obra. A veces se producen situaciones de reclutamiento en origen, como ocurre en los delitos contra la propiedad intelectual [venta ilegal de CD piratas]. La obsesión con la entrada es un obstáculo para profundizar un poco más en este fenómeno delictivo.

P. En muchos casos ni siquiera se les identifica al ser detenidos.

R. Eso genera que el inmigrante repita el intento una y otra vez. Hay que saber qué ocurre después, dónde iban estas personas, qué contactos tenían en España, a qué pensaban dedicarse...

P. Marruecos dice que posibles terroristas utilizan esa vía para entrar en España.

R. En un reciente encuentro de derecho penal hispanomarroquí que se celebró en Granada, el secretario de Estado del Ministerio de Justicia de Marruecos dijo eso con la consiguiente alarma para todos los presentes. Ese argumento tiene una lógica aplastante.

P. El Fiscal General del Estado ha trasladado al Gobierno su recomendación de crear una policía especializada en siniestralidad laboral. ¿Cuál será su función?

R. Hace años que observamos en los casos de siniestralidad algunos delitos relacionados que van más allá de la imprudencia o el riesgo. Aparecen contrataciones ilícitas, situaciones de coacción y amenazas, delitos fiscales, etcétera. Por eso propusimos una policía que, en vez de actuar tras el accidente, investigara con antelación posibles redes de contratación ilegal. Propusimos que fuera la policía autonómica, ya que la salud de los trabajadores es competencia transferida. En estos casos la obtención de la prueba es difícil. Los informes de la Inspección de Trabajo tienen un buen nivel técnico y jurídico, pero conseguir testimonios requiere una actuación policial. Es preciso que otros trabajadores que han sido testigos (en muchos casos extranjeros) expliquen lo que ha ocurrido, cuánto tiempo llevan trabajando en esas condiciones, etcétera. Otros delitos, como el acoso psíquico también se controlan mejor con agentes especializados.