Los otros estatutos

La atención pública se centra siempre en la reforma de los estatutos de autonomía más problemáticos, es decir, el vasco y el catalán, pero lo cierto es que el proceso de cambios estatutarios está ya muy extendido y afecta a otras muchas comunidades, entre ellas, dos tan importantes como Andalucía y la Comunidad Valenciana. La rapidez con la que se mueven unos y otros y la necesidad permanente de vigilarse para no quedarse atrás han provocado algunos incidentes curiosos.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el presidente, Francisco Camps, del PP, llegó a proponer esta semana una disposición transitoria de manera que el nuevo estatuto asumiera automáticamente cualquier nueva competencia que la futura modificación de leyes orgánicas dejara a su alcance. Es decir, cualquier nueva competencia que figurara, por ejemplo, en el estatuto de Cataluña.

Camps llegó a proponer una disposición para que el nuevo estatuto valenciano asumiera automáticamente cualquier competencia que figurara en el de Cataluña

Inicialmente, Camps dio a entender que la propuesta partía del PP de Madrid, para "ganar tiempo", y que los socialistas compartían la idea. Al final quedó claro que el PSOE la rechazaba por "incongruente". El desconcertante rifirrafe puso de manifiesto, sin embargo, la desconfianza de unas comunidades respecto a otras y la dificultad de luchar contra la idea de que todos deben dejarse la puerta abierta para llegar exactamente a los mismos techos competenciales que consiga Cataluña.

En cualquier caso, los cambios en el estatuto valenciano pueden tener una gran influencia en el resto de las comunidades que no se consideran "históricas" (es decir, todas menos las tres clásicas y Andalucía). Por ejemplo, si Valencia decide atribuirse el poder de disolver su Parlamento y convocar nuevas elecciones cuando lo considere oportuno (algo que hoy sólo se reconoce a las comunidades históricas), es muy probable que las otras 12 autonomías del régimen general adopten el mismo acuerdo y rehúyan la obligación de hacerlo todas en la misma fecha en la que el Gobierno convoca las elecciones municipales.

La tramitación parlamentaria valenciana va muy adelantada y hay un cierto grado de acuerdo entre el PP y el Partido Socialista. El próximo martes está prevista una nueva reunión entre los dos partidos para intentar avanzar en los aspectos más polémicos. Por ejemplo, la creación de una agencia tributaria propia, pero que se limite a recaudar y gestionar los impuestos propios y los transferidos, o la creación de una policía autonómica, que los socialistas valencianos pretendieron que fuera "integral", es decir, con capacidad para intervenir en cuestiones de orden público, pero que finalmente el PSOE nacional recondujo a niveles menos ambiciosos.

El caso canario

En el caso andaluz se pretende que los letrados del Parlamento de Sevilla elaboren inmediatamente un documento en el que figuren tanto las propuestas del Partido Socialista como las de los otros grupos "a fin de visualizar coincidencias y diferencias", y que ese documento se empiece también a discutir en ponencia la semana próxima.

El Documento para la reforma del estatuto de autonomía de Andalucía, que presentó el propio Manuel Chaves el pasado jueves día 28 en Carmona, es uno de los más interesantes para seguir toda la polémica estatutaria que se avecina, porque refleja muy bien los límites en los que se mueve la mayoría del Partido Socialista.

El proyecto de reforma de Chaves incluye novedades importantes, pero al mismo tiempo dibuja mecanismos razonablemente aceptables por el resto de las comunidades. Por ejemplo, habla de que Andalucía tiene derecho a estar representada en los órganos de dirección del Banco de España, del Consejo General del Poder Judicial y de otros organismos estatales, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de que esa representación se realice a través de un acuerdo en el Senado y de "forma colegiada" con el resto de las comunidades.

Curiosamente, de momento, la única reforma estatutaria que parece congelada es, precisamente, una de las que primero se lanzaron: la del estatuto de Canarias. En esa comunidad es en la única en la que el PSOE ni tan siquiera ha aceptado estar presente en la comisión parlamentaria que debate las propuestas. Los socialistas exigen que al mismo tiempo se reforme la ley electoral canaria, que concede 20 veces más peso al voto de un ciudadano de Hierro que a otro de Tenerife o Las Palmas. En Canarias todo va muy lento, aunque desde luego no sea por falta de ambición de autogobierno: Coalición Canaria quiere incluso competencias en la regulación del espacio aéreo y de las aguas territoriales.