Defensa planea llegar a 86.000 soldados en nueve años con los nuevos incentivos

Las Fuerzas Armadas españolas contarán con 86.000 soldados y marineros dentro de nueve años si el Ministerio de Defensa ha hecho bien las cuentas. Según el ministro José Bono, los efectivos de tropa deberán crecer, a partir del momento en que la ley aprobada ayer por el Consejo de Ministros lleve un año en vigor, a un ritmo de 2.000 anuales, hasta los citados 86.000. Las Fuerzas Armadas tienen ahora 70.504 soldados profesionales, poco más de la mitad de los 120.000 como máximo previstos en la ley vigente, lo que demuestra, a juicio de Bono, que "el modelo ha fracasado".

Aunque el miércoles, en el Congreso, Bono insistió en que la profesionalización de las Fuerzas Armadas no podía hacerse "a coste cero", ayer señaló que "el coste económico adicional" de las medidas incluidas en la ley "no es muy relevante".

El ministro dijo que hasta 2014 el incremento no será significativo, y que a partir de 2025 supondrá 350 millones de euros anuales. Pero a esa cifra, matizó, habría que descontarle la retribución de los soldados que le faltan a las Fuerzas Armadas porque el sistema no funciona.

La Ley de Tropa y Marinería -que es el nombre inicial y definitivo del proyecto, tras haber descartado el de Ley de Soldados y Marineros, porque podía entenderse referido sólo a los de sexo masculino- incluye dos medidas con coste económico: el pago de los trienios a quienes firmen el compromiso de larga duración, que permite permanecer en activo hasta cumplir los 42 años de edad; y la llamada "asignación por disponibilidad", que cobrarán hasta que se jubilen, a los 65 años. Los borradores de la ley fijaban esta asignación entre 7.304 y 8.116 euros, según los soldados hubieran cumplido 18 o 22 años en activo, pero el texto final la recorta a una prima única de 7.200 euros, 600 al mes, que se actualizará cada año.

En compensación por este recorte, fruto de la negociación con Hacienda, la ley permite que esta media pensión sea compatible con la prestación por desempleo, al contrario que en anteriores borradores. En cambio, no aclara si es compatible con un sueldo público, aunque cabe deducir que no, pues sólo dice que "es compatible con cualquier retribución procedente del sector privado".

El propio Consejo de Ministros zanjó el aspecto más polémico del proyecto: la reserva de plazas en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, que será de "al menos el 10%" para los soldados que lleven cinco años en activo. Bono reclamó inicialmente el 20% de las plazas, pero su colega de Interior, José Antonio Alonso, sólo admitió un "simbólico" 5%. Al final, se llegó al 10%.

Respecto a la Escala de Cabos y Guardias Guardia Civil, la reserva de plazas será, como ahora, de "al menos el 50%".

La ley señala que el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas "se considerará como mérito" para el acceso a las plazas de funcionario y personal laboral de las Administraciones Públicas. Esta previsión ya figuraba en la ley de 1999 y nunca se aplicó, pero ahora se añade como novedad que, siempre que en un concurso de la Administración del Estado se valoren como mérito los servicios previos, los años en las Fuerzas Armadas recibirán la misma valoración que dichos servicios.

Una disposición transitoria del proyecto prevé la reincorporación de los más de 1.000 soldados y marineros expulsados de las Fuerzas Armadas, a partir del 1 de enero de 2004, por haber cumplido 35 años de edad o llevar 12 de servicio.

Sin embargo, no prevé la readmisión de los oficiales de complemento, también expulsados por haber cumplido 38 años de edad o 12 de servicio. Sólo dice que "al finalizar su compromiso" podrán "suscribir uno nuevo", sin estar sujetos a límites de edad o tiempo de servicio, por un máximo de tres años y hasta el 31 de diciembre de 2008 como tope.