Los hosteleros creen que la falta de medios hace inviable la 'ley del ruido'

Los responsables de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia alertaron ayer sobre la falta de medios humanos para acometer las auditorías acústicas que exige la ley del ruido y sobre los problemas que puede acarrear al sector una lectura estricta de los decretos que desarrollan la norma. También apelaron al "compromiso de los ciudadanos" para evitar que el ocio sea penalizado por las molestias que genera el ruido nocturno.

La Ley de Prevención de la Contaminación Acústica, popularmente conocida como ley del ruido, fue aprobada en 2002 y constituye una de las regulaciones más avanzadas de España en la materia. Pero su desarrollo es tan complejo como su modernidad. Hasta la fecha, la actual Consejería de Territorio y Vivienda, que ejerce las competencias sobre medio ambiente, ha aprobado dos decretos para desarrollar la norma. El primero, de febrero de 2004, afecta a los vehículos de motor y se traduce en el control del ruido que generan coches, motocicletas o camiones cuando se someten a la Inspección Técnica de Vehículos.

El segundo, de diciembre pasado, otorga un plazo de seis meses a los titulares de "actividades e instalaciones industriales, comerciales o de servicio, así como aquellas sujetas a la normativa específica de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas" para adaptarse a la norma.

Cualquier establecimiento público debe restringir a 30 decibelios el ruido que emite al exterior. La instalación de una doble puerta con los resortes adecuados permite reducir las emisiones de la inmensa mayoría de los bares, por ejemplo.

La emisión de ruido al exterior, de hecho, no es considerada problema por los hosteleros. Según el propio presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Juan Carlos Gelabert, en julio pasado, la federación asumió como propias las denuncias de diversas asociaciones vecinales contra 21 establecimientos de la provincia de Valencia por las molestias que generaban sobre un total que ronda los 3.800.

El verdadero problema reside en la combinación de dos factores. Un restaurador explicó: "Dentro de mi restaurante, el ruido no puede superar los 90 decibelios y, si el próximo mes de junio, no he adaptado el local, me pueden revocar la licencia", al margen de los años de ejercicio. Y Vicente Cubells, responsable de Marsan Ingenieros, una de los organismos de control autorizados por la Generalitat para calibrar la acústica de, por ejemplo, un restaurante, deslizó que no hay técnicos suficientes en la Comunidad Valenciana para indicar a cada empresario las modificaciones que debe acometer en su local y, a continuación, acometerlas, antes del mes de junio. En rueda de prensa, Cubells se limitó a comentar que los planes de la Consejería de Territorio son "demasiado ambiciosos".

El mismo decreto exige a los locales de ocio una auditoría anual para controlar que cumplen la normativa, un plazo que los hosteleros consideran corto e injustificado. "Salvo que se haga una reforma no parece lógico someterse a una auditoría anual", comentó Gelabert.

Vicente Pizcueta, secretario de la patronal, condenó las actitudes paternalistas que identifican a los profesionales del ocio nocturno con los problemas de ruido que sufren los vecinos. Pizcueta pidió a la Administración que invierta en pedagogía porque "el futuro turístico de la Comunidad Valenciana depende del compromiso de los ciudadanos", dijo.