La Fiscalía pide a los municipios que sancionen el 'botellón' como infracción medioambiental

El "macrobotellón" que se repite cada noche de fin de semana en las capitales andaluzas es fuente de "contaminación múltiple" y se asocia cada vez más a delitos como el tráfico de drogas, los daños o las agresiones. La memoria de la Fiscalía del TSJA pide a los ayuntamientos que lo sancionen como una verdadera infracción medioambiental para proteger a los perjudicados por estas fiestas callejeras. El documento recoge un ligero repunte de la criminalidad respecto a 2002 y 2003. El año pasado se iniciaron casi 49.000 causas más, lo que supone una subida del 5,1%.

Utilizar de forma masiva la vía pública como lugar de esparcimiento juvenil durante las noches de los fines de semana es un fenómeno que, con demasiada frecuencia, genera situaciones de "contaminación múltiple", según el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón. Múltiple porque, como dice la memoria de 2004, "en mayor o menor medida, engloba todas las formas conocidas de contaminación al generar grandes cantidades de residuos, ruidos insoportables para la ciudadanía y hasta formas de contaminación visual".

El botellón, según la Fiscalía, ha dejado de ser un problema menor porque empieza a incidir en algunas formas de criminalidad, entre las que destacan "el consumo masivo de hachís o alcohol y otras sustancias, muchas veces entre menores que requieren tratamiento médico; los daños a empresarios de hostelería; los frecuentes altercados con agentes policiales y vigilantes de seguridad privada; las agresiones motivadas por la ingesta masiva de alcohol; los daños a lugares históricos de extraordinario valor y los numerosos delitos de conducción alcohólica con toda clase de resultados lesivos".

García Calderón pide por ello a los Ayuntamientos que tipifiquen este fenómeno "como verdaderas infracciones medioambientales", algo que según el fiscal se ha convertido en "verdadera necesidad para que se corrija una tendencia". El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, animó el pasado año a los jóvenes a celebrar sus bacanales en su ciudad. "Aquí lo tenemos muy bien organizado", dijo Torres Hurtado en un encuentro con Nuevas Generaciones, las juventudes de su partido, el PP.

El fiscal se refiere también a la respuesta que los juzgados y tribunales deben dar a la contaminación acústica que genera el fenómeno. "Debe comenzar a cambiar y enfocarse con una exigencia de responsabilidad más que al infractor propiamente dicho, a la autoridad administrativa que consiente con su conducta omisiva la persistencia de esa infracción. La memoria recuerda indirectamente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó en noviembre al Ayuntamiento de Valencia a indemnizar a una vecina que denunció los ruidos de varios locales de copas próximos a su domicilio.

Repunte del delito

Respecto a las cifras de delincuencia en general, la memoria refleja un incremento del 5,1% en los procedimientos penales iniciados durante 2004, lo que supone un ligero repunte respecto de los datos de 2002 y 2003. Esa subida debe analizarse con cautela, tal y como explica el propio documento. La causa es que el sistema informático de las fiscalías recoge denuncias repetidas. Pero la cifra -48.905 causas más que en 2003- sí es representativa del volumen de trabajo de la Justicia andaluza en su dimensión penal, que durante el año pasado estudió 992.472 asuntos. El aumento afecta a todas las provincias salvo Jaén y Huelva. Granada, Málaga y Córdoba registran los más siginificativos con 28.457, 13.407 y 10.287 procesos abiertos, respectivamente.

Más fiable es el número de expedientes que los fiscales calificaron como delito. Del millón escaso de asuntos conocidos, sólo 38.269 obtuvieron esta consideración en un escrito de acusación, lo que representa un incremento del 19% respecto a 2003. La memoria, sin embargo, explica esa notable subida por una mayor eficiencia de los juzgados. Indica "un mayor grado de eficacia judicial que provoca el consiguiente aumento en el número de calificaciones y de sentencias dictadas".

Jesús García Calderón, lo achaca en concreto al éxito de la implantación de los juicios rápidos, que permiten juzgar de forma inmediata los pequeños delitos más visibles por el ciudadano y que crean más sensación de inseguridad (hurtos, robos callejeros, delitos contra la seguridad del tráfico, etcétera). En 2004 se tramitaron por esa vía 24.651 asuntos.

Por provincias, el número de calificaciones va de la mano del peso demográfico. Málaga, Cádiz y Sevilla fueron, por este orden, las que registraron más delitos -9.134, 8.138 y 7.496, respectivamente- mientras que en Huelva y Jaén es donde tuvieron menor incidencia. Estas cifras no recogen el número de faltas que sí se incluye en las cifras policiales de criminalidad.

La memoria dedica todo un capítulo al fenómeno de la siniestralidad laboral. Entre los avances conseguidos en 2004, destaca la ruputura de la tendenccia de los fiscales a considerar esos hechos como simples faltas, algo que achaca a la creación de la red andaluza de fiscales especializados en estos delitos. García Calderón destaca también la personación de los sindicatos en estos casos en calidad de acusación particular.