Iglesia, asociaciones de inmigrantes, IU y PNV piden que se amplíe el plazo de regularización

El coro de voces que se suman cada día a la petición de que se amplíe el plazo para la regularización de inmigrantes no deja de crecer, cuando faltan menos de dos semanas para que éste expire. Si bien las asociaciones de inmigrantes llevan ya tiempo pidiendo al Gobierno que flexibilice la fecha límite para la normalización de sin papeles, a ellas se han sumado la Iglesia y varios partidos políticos. Ayer, tanto el PNV como IU reclamaron más tiempo. Pero la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, indicó que el Ejecutivo no tiene intención de alargar más el proceso, que concluye el 7 de mayo.

El pasado domingo, en las calles de Barcelona y Madrid hubo peticiones de más de una veintena de asociaciones de inmigrantes para que se amplíe el plazo de tres meses establecido en el Reglamento de Extranjería. El lunes, en una entrevista publicada en EL PAÍS, el presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Sánchez, solicitaba al Ejecutivo más tiempo para que los empresarios puedan regularizar a sus trabajadores extranjeros y calificaba el proceso como "intento de buena voluntad, pero hecho con falta de rigor". Y ayer tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como Izquierda Unida (IU) reclamaban una modificación de los plazos establecidos.

El secretario general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que el actual plazo "no va a ser suficiente", pidió una ampliación hasta el mes de agosto "para que el proceso culmine adecuadamente" y reclamó al Ejecutivo que favorezca una información "más clara", que llegue a los municipios, evitando las diversas interpretaciones, especialmente desde que se anunció la flexibilización de los criterios.

Tres meses más

El verano sería también una buena fecha para el diputado del PNV Emilio Olabarria. En su opinión, el hecho de que se haya aceptado el empadronamiento retroactivo debería conllevar que los empresarios pudiesen solicitar la regularización durante tres meses más. Por ello, los nacionalistas han presentado una proposición no de ley en la que reclaman a Trabajo que flexibilice tanto los plazos como los requisitos y los procedimientos.

Frente a estas peticiones, y a las críticas de la Iglesia, se pronunció ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que reiteró la negativa del Ejecutivo a dar más tiempo que el establecido en el Reglamento o modificar los requisitos. Rumí, que estima en unas 575.000 las personas que se beneficiarán de la regularización, explicó que el Gobierno reforzará en los últimos días del proceso los puntos directos de entrega de documentación en las ciudades con mayor demanda, abriendo incluso el 7 de mayo, último día para la regularización, que cae en sábado. Tras advertir a los empresarios "que no cumplan" [y sigan empleando a trabajadores en situación irregular] de que "van a sentir el aliento de la Inspección [de Trabajo] en la nuca todos los días", la secretaria de Estado criticó las palabras del obispo José Sánchez, que se había referido a que el Gobierno afronta la política de inmigración "a base de parches".

Rumí tachó las palabras del prelado de "injustas" y lamentó que éste no haya sabido valorar el esfuerzo del Ejecutivo, patronal, sindicatos y ONG para alcanzar un acuerdo tanto sobre el Reglamento como sobre el proceso de regularización. Respecto a la petición del presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal de que se extienda el plazo establecido para el proceso, Rumí comentó que ya le había explicado personalmente por qué "no se podía ampliar".

Tampoco es partidario de alargar más el proceso el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, quien consideró que los empresarios han tenido "tiempo suficiente" para regularizar a sus empleados extranjeros. Fidalgo indicó también que "habrá que analizar cómo inciden" medio millón de contratos temporales en el mercado laboral.

El Partido Popular arremetió ayer nuevamente contra la política de inmigración del Gobierno. Su secretario general, Ángel Acebes, acusó al Ejecutivo de provocar "el caos" con su decisión de permitir el empadronamiento por omisión e indicó que ahora "hay más inmigrantes clandestinos de los que había el día que se inició el proceso". Acebes indicó que existe "desconcierto en los inmigrantes, no saben qué papeles tienen que presentar".

El PP decidió presentar una proposición no de ley para que, antes de que concluya el proceso de regularización, se remita a la Cámara un informe de los servicios jurídicos del Estado sobre "la eventual vulneración" del principio constitucional de igualdad, ya que considera que las modificaciones en los requisitos exigidos durante el proceso "han generado situaciones de desigualdad".

Documentos necesarios

Los documentos exigidos para la regularización son el certificado de penales, un contrato de trabajo y el empadronamiento en España antes del 8 de agosto.

Para solicitar el empadronamiento por omisión es necesario presentar alguno de los siguientes documentos: órdenes de expulsión emitidas por Interior; copia de la solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada; tarjeta sanitaria de un servicio público de salud en la que conste la fecha del alta; copia de la solicitud de escolarización de menores; copia de la solicitud, certificación del informe de los servicios sociales o notificación de la resolución de percepción de ayudas sociales; documento de alta laboral o certificado de la misma expedido por la Seguridad Social y copia de la solicitud de asilo.