PP y PA exigen a Monteseirín un compromiso por escrito sobre la investigación de las facturas

Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, PP y PA, no se fían del cambio de actitud del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, sobre la comisión que investigará las irregularidades del distrito Macarena. Fuentes socialistas aseguraron el sábado que Monteseirín está dispuesto a aceptar las principales condiciones impuestas por andalucistas y populares para participar en la comisión: comparecer y permitir la entrada a la prensa. Pero PP y PA, que han anunciado que no participarán en la comisión, rechazaron ayer replantearse su postura hasta que el alcalde no rectifique "por escrito".

Según el portavoz del PP, Jaime Raynaud, el único órgano válido para que el alcalde rectifique es la junta de portavoces. "El PP siempre está dispuesto a hablar de todo, pero en el órgano que corresponde. Sólo la junta de portavoces se acepta como órgano válido por debajo del pleno", afirmó Raynaud a Europa Press. El gobierno municipal, formado por PSOE e IU, impidió en el último pleno una propuesta del PP para que la comisión fuera pública, sin límite de comparecencias y presidida por un concejal no socialista.

La propuesta de Monteseirín es analizar las "carencias y deficiencias de los procedimientos y de las estructuras administrativas de cada uno de los distritos, con el objetivo de evitar que en el futuro puedan darse hechos como los denunciados".

El PP pide que la comisión se centre sólo en investigar las irregularidades del distrito Macarena en los seis últimos años. "Entre la propuesta del PP y el decreto de dos días antes no hay ni el más mínimo parecido, ni en el fondo ni en la forma", recordó ayer Raynaud, quien aseguró que su partido "no va a cambiar su planteamiento". "Lo que hay que investigar es lo que ha sucedido en el distrito Macarena en los últimos seis años y, a partir de ahí, aceptamos la propuesta de que la Cámara de Cuentas lo investigue todo", afirmó el portavoz del PP, cuyo presidente regional, Javier Arenas, señaló ayer a populares, andalucistas y "a la presión de los medios de comunicación" como artífices del carácter público de la comisión. "No es una decisión de Monteseirín", afirmó.

Los andalucistas señalaron que la rectificación del alcalde "no tiene credibilidad" si no se plasma "por escrito", por lo que prefirieron no opinar ni replantearse su decisión de no acudir a la comisión. "No vamos a participar en la pantomima del alcalde", insistió la portavoz andalucista, Paola Vivancos.

Las direcciones locales de PSOE e IU tienen previsto reunirse de nuevo hoy para "para seguir profundizando en los asuntos que afectan al Pacto de Progreso", según anunciaron el pasado jueves. Las dos formaciones y sus grupos municipales tendrán que decidir en los próximos días cuándo y cómo se constituye la comisión, con la incógnita de si PP y PA aceptarán el cambio de postura del alcalde y acuden a las sesiones.

Mientras, la juez del juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, Silvia Soto, dictará esta semana el auto de incoación del procedimiento judicial abierto contra al ex concejal socialista José Antonio García, su director de área, José Marín; el empleado municipal Manuel Portela; y los dos empresarios que presuntamente se beneficiaron del cobro de facturas irregulares, José Pardo y Jesús Barrera. Este proceso corresponde a la primera línea de investigación judicial abierta a raíz de la denuncia presentada por el PA, a la que se unió después la documentación aportada por Monteseirín, quien puso a disposición de la Fiscalía 28 facturas de obras adjudicadas a la empresa COS Y cuyo administrador niega haber realizado. Los talones, según los expedientes municipales, fueron cobrados por el empresario José Pardo.

La fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, María José Segarra, aún investiga el avance de la auditoría interna municipal y la denuncia de una de las empresas supuestamente relacionadas con Pardo, Baelcon Sur, cuyos responsables niegan su vinculación con el empresario y aseguran que su negocio en el distrito no concuerda con los datos de los expedientes municipales.