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Maragall pide unidad para que en el próximo Sant Jordi haya nuevo Estatuto

Enric Company

La celebración oficial de la jornada de Sant Jordi, patrón de Cataluña, que tradicionalmente es una fiesta de cultura dedicada a los libros, reflejó este año en el plano político las tensiones existentes en la redacción de la reforma del Estatuto de Autonomía. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, pidió "unidad cívica y política" para que "el año próximo celebremos Sant Jordi con el nuevo Estatut".

La apelación del presidente fue replicada por el líder de la oposición, Artur Mas, de Convergència i Unió (CiU), quien afirmó que, "desgraciadamente, esto en cataluña no se ha dado en los últimos tiempos". El diputado nacionalista acusó a los socialistas de reclamar en Cataluña una unidad "que se rompe en Madrid cuando junto con el PP se dedican a votar en contra de que el catalán sea un idioma de uso normal en las Cortes españolas".

También el presidente del PP en Cataluña, Josep Piqué, criticó la "expresión voluntarista" de Maragall sobre la próxima aprobación de la reforma del Estatuto. "Esto no es cierto", aseguró, "porque queda mucho trabajo por hacer y muchos obstáculos por superar".

La actitud renuente de CiU es la que más preocupa al Gobierno catalán. Los nacionalistas han incrementado en los últimos meses sus críticas y desplantes hacia Maragall, a quien niegan que tenga "autoridad moral" para dirigir el país. Como una expresión más de esta actitud cabe sumar el rechazo del ex presidente Jordi Pujol a asistir ayer a la recepción oficial ofrecida por Maragall en el palacio de Pedralbes, a la que acudieron unas 2.000 personas. Mas sí acudió, pero llegó con una hora de retraso.

Los nacionalistas han organizado para hoy un gran mitin para conmemorar el 25 aniversario de la primera investidura de Pujol como presidente de la Generalitat. CiU no ha querido que, el día antes de esta conmemoración, Pujol compartiera recepción con su sucesor en la presidencia de la Generalitat.

Los dirigentes de CiU no acaban de asumir su condición de fuerza opositora, y esto se traduce en una actitud exigente en la ponencia redactora del Estatuto que no se corresponde con una mayoría parlamentaria, pero que sí es susceptible de impedir que se alcancen los dos tercios de la Cámara requeridos para la reforma.

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