Las residencias, a examen

La detención la pasada semana de la dueña de una residencia para mayores en Alhaurín de la Torre (Málaga) y de cuatro de sus familiares por presuntas estafas y malos tratos ha puesto en el punto de mira estos centros. A medida que se conocen más datos, surgen dudas sobre la intervención de las distintas administraciones públicas que, desde hace años, conocían irregularidades denunciadas en Nuestra Señora de Gracia, cuyo cierre cautelar decretó ayer la Junta. ¿Existen suficientes controles para garantizar el bienestar de los mayores?

"La mayor parte de los residentes está en buenas manos, pero hay gente no profesional, que intenta lucrarse y monta el chiringuito", opina un miembro del servicio de inspección de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que es la competente para autorizar la apertura, controlar, sancionar y cerrar estos establecimientos. El año pasado, la consejería decretó el cierre de 14 residencias para mayores en Andalucía, de un total de 578 (31.904 plazas). Esta sanción se impone en caso de infracciones muy graves, como la falta de atención o higiene que produzca riesgo para la integridad física o la falta de autorización de funcionamiento.

Cualquier persona con titulación media puede dirigir una residencia. Para obtener la autorización de funcionamiento, los promotores han de pedir una autorización previa para construir o modificar el edificio según los requisitos de la consejería. Después, han de aportar un proyecto de plantilla, en función del cual se autoriza el número de plazas, la escritura de propiedad y la licencia municipal. Para las plazas concertadas, se exige más calidad, como más metros cuadrados por habitación o más personal por residente. El servicio de inspección comprueba que la realidad se corresponde con el proyecto.

Una vez abierta, la inspección controla periódicamente su funcionamiento. El Plan General de 2005 establece que durante este año se inspeccionará el 100% de las residencias de mayores (en el plan anterior era sólo el 50%). Pero los medios son escasos. En toda Andalucía, hay 18 inspectores, que además de los centros para mayores han de verificar, según el plan, el 50% de los demás centros de Bienestar Social, como los de discapacitados o menores, hasta un total de 1.900 centros. Con dos o tres inspectores por provincia, la tarea es difícil. "Creo que sería necesario duplicar la plantilla", calcula la fuente de la inspección.

Durante las visitas, los inspectores controlan que se cumplan las normas de funcionamiento y materiales, así como que haya una adecuada higiene o seguridad. Para ello, llegan a revisar la ropa interior de los residentes antes de lavarla. También entrevistan a los mayores a solas, para preguntar por la comida o la atención, y asegurarse de que viven ahí voluntariamente y que no sufren expolio patrimonial, en cumplimiento del decreto 23/2004 de protección jurídica al mayor de la Junta. Además, verifican que se ofrezcan actividades.

La inspección también interviene cuando existen denuncias. La dificultad, explica uno de sus miembros, es que muchas son gratuitas o anónimas. Según asegura, los casos de malos tratos son muy difíciles de detectar, ya que los mayores no los cuentan por temor a represalias. Cuando el inspector constata el hecho denunciado, hace una propuesta de sanción, se abre un expediente y finalmente se impone el castigo, cuyo cumplimiento puede demorar mucho por los recursos.

Si se detectan posibles delitos, como en Alhaurín, se pone en conocimiento de la Fiscalía. "Sólo podemos sancionar lo que es competencia de la Administración, si no lo es, tenemos que esperar una decisión judicial", asegura la fuente, que trata de justificar la actuación de la delegación provincial de Málaga. En cualquier caso, recuerda, el juez puede decretar el cierre inmediato de la residencia.