Un informe de la Comisaría de Aguas destapa robos en el Segura desde 1985

Un informe de un funcionario de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura revela que los robos o usos fraudulentos del agua en esa cuenca, que incluye la mayor parte de la Región de Murcia, el sur de Alicante, el sur de Albacete y partes de Almería y Jaén, se han venido produciendo a lo largo de los últimos 20 años, por lo que afectaría a los ocho años de gobierno del PP y a los Ejecutivos socialistas anteriores.

Ese documento interno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que será completado con nuevas investigaciones, confirma las conclusiones de las investigaciones iniciadas hace dos años por el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio. Éste, en sus trabajos preliminares, llegó a imputar a todos los miembros de la anterior cúpula del PP en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por su supuesta participación en un mercado negro del agua en el sureste español.

Inicialmente fueron imputados el ex presidente, Juan Cánovas; el comisario de Aguas, José Alemán; el secretario técnico, Gerardo Cruz, y el funcionario Rafael López. Recientemente han sido inculpados también el ex presidente Antonio Nieto y el ex comisario Luis Pérez Seiquer.

El informe, realizado por el hidrogeólogo Francisco Turrión, fue solicitado por el actual comisario de Aguas de la Confederación del Segura y ex alcalde de Guardamar del Segura, Manuel Aldeguer, a raíz de las acusaciones del propio Turrión en el programa de Televisión Española Línea 900, emitido en diciembre bajo el título Con el agua de todos, en el que se realizaban acusaciones de supuestos usos fraudulentos del agua.

Las conclusiones del documento parecen dar la razón a los críticos con los usos de algunos de los caudales del Segura, que recibe una gran parte del agua del trasvase Tajo-Segura. No obstante, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha reiterado en numerosas ocasiones el buen uso que los regantes murcianos hacen del agua.

Pero además de demostrar con documentación el robo del agua en Murcia y Alicante, el informe resalta "la actuación pasiva y permisiva de una Administración hidráulica y regional poco concienciada medioambientalmente y poco decidida a mantener firmemente las reglas básicas del Estado de derecho". Tanto es así que la CHS tiene previsto enviar el amplio documento, junto con el resto de investigaciones internas, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuyo teniente fiscal, Manuel López Bernal, se ocupa en exclusiva del caso.

El funcionario se centra en tres de los casos que considera paradigmáticos de la presunta sustracción de agua en la citada cuenca, que son la finca de El Chopillo, en el municipio de Moratalla; el Pozo del Corral de Comba, en Mula; y la red de tuberías de Fuente Álamo, éste último con aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura, que ha sido en los últimos meses una de las principales fuentes de conflicto entre los Gobiernos de Castilla-La Mancha (PSOE) y de Murcia (PP).

El autor del informe indica también que "nunca, como en el presente caso, se ha podido tener tan claramente una visión completa y de conjunto de estos ejemplos de usos fraudulentos del agua en la cuenca del Segura". Como primera conclusión, el estudio resalta que el programa Línea 900 no hizo más que "trasladar a la opinión pública una aproximación veraz de lo que ha sido la gestión del agua en la cuenca del Segura en los últimos 20 años". Poco después se ahonda en que es "una aproximación veraz" porque "la realidad es mucho más cruda y negativa de lo que se denuncia en el programa".

El documento indica que más de un millar de expedientes de denuncia de la Guardería Fluvial sobre ejecución clandestina de sondeos, más de 600 denuncias por ampliación de regadíos y roturaciones de monte, y cientos de denuncias de rellenado de cauces y cruces de ramblas con tuberías "son más que suficiente prueba de cargo" contra la actuación de la Confederación.

El funcionario entiende que los hechos que describe son "constitutivos de diferentes tipos de delitos" y advierte de que la exposición de los mismos se justifica en el fin de "impedir que se sigan cometiendo en un futuro".

En esta tesitura, la Comisaría de Aguas de la CHS ha solicitado al Área de Dominio Público de la propia institución nuevos informes que completen el estudio del presunto robo de agua. En la Comisaría pretenden estudiar las recomendaciones que incluye el informe del hidrogeólogo, y, además, tener diferentes puntos de vista sobre el problema.