De nuevo el tiempo da la razón
Hace unos días se ha dado a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia por la que se condena al ex director del Ivex, José María Tabares, como culpable de un delito de estafa.
Tomar la decisión de acudir a los Tribunales fue muy duro. Teníamos el total convencimiento de que hacíamos lo correcto, y de que en la salvaguarda del interés y los recursos públicos, debíamos actuar con la mayor responsabilidad y con todo el rigor que es exigible a los servidores públicos. Los ciudadanos no hubieran entendido lo contrario ni se hubieran conformado con menos.
Permanecían muy frescos en nuestra memoria muchos de los lamentables episodios de corrupción que, durante algunos años, condicionaron la política española. Los que participamos en aquel proyecto político de regeneración nos habíamos conjurado para erradicar estos casos actuando contra ellos con la mayor firmeza y con el único objetivo de sustituir la palabra corrupción, por otras como transparencia, responsabilidad o dignidad.
Entendimos que era necesario defender la profesionalidad y la honestidad del Ivex hasta sus últimas consecuencias para lo cual tuvimos que acudir a los Tribunales, y ello a pesar de las duras críticas que sabíamos que íbamos a recibir de la oposición y de algunos medios de comunicación empeñados en desgastar, a cualquier precio, al Gobierno de Eduardo Zaplana.
Por ello, al leer esta sentencia, no he podido menos que recordar y valorar la valentía y el acierto del anterior Gobierno de la Generalitat y del Consejo de Administración del Ivex que, al conocer aquellos hechos, decidió ponerlos en conocimiento inmediato de la autoridad judicial, dando origen al proceso concluido con esta sentencia, en la que se acogen todos los argumentos del Ivex y se pone de relieve que los condenados actuaron sin conocimiento ni autorización del Consejo de Administración de la entidad.
Resulta paradójica la posición del Partido Socialista que, en lugar de aplaudir el hecho poco habitual de acudir a los Tribunales en la defensa de los recursos públicos, optó claramente por ponerse de lado de quienes ahora han sido condenados.
Se atacó precipitada e injustificadamente a una institución como el Ivex crucial para el desarrollo de nuestro tejido productivo cuestionando la honorabilidad y el prestigio de sus profesionales, y lo que es más importante mermando la confianza que las empresas valencianas siempre han depositado en el instituto a la hora de buscar nuevos mercados para sus productos.
Y se hizo porque se optó conscientemente por intentar desacreditar a un Gobierno, el del Partido Popular, y a una persona, Eduardo Zaplana, su presidente, por encima de cualquier otra consideración, renunciando a mantener una actitud prudente y responsable como hubiera sido deseable.
El llamado caso Ivex demuestra la diferente actitud de unos y de otros. Durante los Gobiernos del Partido Popular no ha habido corrupción, que dejó de ser una preocupación para los ciudadanos, y cuando ha aparecido alguna situación anómala fuimos los primeros en denunciarla.
Como directora del Ivex entre 1999 y 2002, me siento orgullosa de haber contribuido modestamente, desde mi esfera de responsabilidad, a la etapa de mayor prosperidad, bienestar y honradez de la Comunidad Valenciana.
Carmen de Miguel es ex directora del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex).
