La Fiscalía perseguirá a las empresas que no reparen sus carencias en salud laboral

"El accidente laboral no es una consecuencia fatal de un mayor índice de ocupación, progreso y bonanza económica. Hunde sus raíces en el incumplimiento de la legislación en materia de riesgos laborales", dijo ayer el fiscal coordinador de la sección de salud laboral, Jaime Gil. Y como consecuencia de ese principio anunció la actuación bajo la forma de querella contra las empresas que no reparen las irregularidades que detecte la inspección de trabajo. "Queremos dar un paso más y anticipar las barreras al accidente laboral", explicó. La Fiscalía, hasta ahora, actuaba sobre todo, una vez se había producido un accidente. Sin embargo, el compromiso -siguiendo las directrices marcadas por la Fiscalía General del Estado- es el de actuar por la vía penal de forma preventiva.

Como muestra de los objetivos que se ha marcado la Fiscalía, Gil presentó la primera querella interpuesta contra una mercantil: Chayma Chapas y Maderas, SL. La empresa, ubicada en Quart de Poblet, pasó una revisión de la inspección de trabajo el 23 de octubre de 2003. "Los inspectores constataron claras deficiencias en materia de riesgo y salud laboral en equipos de trabajo, máquinas, antigüedad de las mismas, homologación, dispositivos de seguridad, de mantenimiento, que no existía chimenea y en días de determinadas condiciones atmosféricas el humo invadía las instalaciones con efectos nocivos para los trabajadores", precisó. La inspección de trabajo instó a la reparación de las carencias y acudió un año después. "Los inspectores constataron que no se había hecho nada y que existía un riesgo grave. Nos remitieron el caso, requerimos al empresario para que eliminara los riesgos. Hizo caso omiso La inspeccionó volvió el 31 de marzo pasado y la situación continuaba igual. Por tanto, sin esperar al accidente, hemos interpuesto la querella y solicitado el cierre cautelar de su actividad", explicó.

Jaime Gil expresó su insatisfacción por la coordinación con la inspección de trabajo por la tardanza en trasladar las actas de infracciones graves y reclamó un mayor compromiso de la Administración frente a un "grave problema".