Los vertederos ilegales de Cañada Real recibían 250 camiones diarios

La Guardia Civil calcula que los cinco detenidos por explotar ilegalmente seis vertederos clandestinos en la Cañada Real llevaban con este negocio al menos cuatro años. Fuentes del caso calculan que han sido arrojados en esos puntos 250.000 metros cúbicos (unas dos veces y media el volumen de la plaza de Las Ventas), y estiman que cada día llegaban hasta estos vertederos 250 camiones cargados de escombros.

Las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil calculan que los vertidos comenzaron hace tres o cuatro años y que el material arrojado en estas zonas suman varios miles de toneladas. "Resulta muy difícil calcularlo porque son centenares de camiones los que iban a verter", explican fuentes del caso.

El negocio de los cinco detenidos era muy amplio, ya que cobraban unos 60 euros por contenedor de escombros, frente a los 250 euros que cuesta verter la misma cantidad en uno de los vertederos legales, según fuentes de la investigación.

Además de controlar los vertederos, los detenidos también estaban enganchados ilegalmente a las canalizaciones del Canal de Isabel II y al tendido eléctrico de Unión Fenosa. Además de tomar estos suministros, vendían agua y energía a las parcelas contiguas. Además, tenían trabajadores de origen marroquí en situación irregular.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 34 y los 66 años, son de nacionalidad española y carecen de antecedentes penales. "Los vertidos no tienen peligro de contaminación alto, ya que son escombros y materiales procedentes de obras", comentaron fuentes del caso.

Los detenidos, que pasaron ayer por la tarde a disposición judicial, serán acusados de los varios delitos: contra el medio ambiente, contra la seguridad de los trabajadores, fraude fiscal -al no tener dadas de alta las empresas-, de defraudación de electricidad y de agua y de falsificación de documento mercantil. La intervención de los agentes del Seprona y de la Policía Municipal de Madrid se produjo tras una denuncia de unas personas que veían el constante tránsito de los camiones hasta estas escombreras ilegales.

Recaudación

Las investigaciones realizadas por el Seprona comprobaron que los camiones que transportaban los residuos tenían una capacidad de 18 toneladas cada uno y que cada día llegaban hasta este punto de la Cañada Real unos 250 vehículos de este tipo. Por el vertido de este material, las escombreras clandestinas cobraban unos 14.000 euros diarios, mientras que en los vertederos legales costaría unos 62.000 euros, sin contar las tasas e impuestos ni las cuotas tributarias defraudadas o no declaradas, como establece el impuesto sobre depósito de residuos.

La investigación ha comprobado que las empresas dedicadas a la labores extractivas incumplían de forma manifiesta los planes de restauración de los terrenos, incumpliendo de forma manifiesta los planes de restauración de los terrenos.

La forma de proceder de los detenidos era la aceptación bajo precio de los residuos trasladados de forma incontrolada, que eran depositados en puntos de almacenamiento que ocupan terrenos sobre los que los detenidos no tenían ningún derecho.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno regional informó ayer que los datos del volumen de residuos encontrados en estas explotaciones ilegales todavía no se han terminado de contabilizar. "La mayor de las seis escombreras tenía un volumen de 50.000 toneladas". Según estas mismas fuentes, la gran parte de lo encontrado son residuos de construcción y demolición, aunque había también neumáticos viejos y aceites usados.

Medio Ambiente ha abierto cinco expedientes relacionados con delitos ecológicos. La Ley Regional de Residuos establece sanciones para estas infracciones que van desde los 600 euros hasta 30.000, para las que son graves, y de 30.001 hasta tres millones de euros para las muy graves, que son aquellas que ponen en riesgo la salud de las personas o del medio ambiente.

En la Cañada Real -una vía pecuaria de 15 kilómetros de longitud situada en los términos de Madrid, Rivas, Coslada y Mejorada del Campo- viven 40.000 personas de forma ilegal. Hay más de 2.000 parcelas ilegales, la mayoría construidas, y cuyo valor se estima en más de 360 millones de euros. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha ordenado derribar algunas de estas casas. Pero la mayoría de las administraciones, hasta ahora, han mirado para otro lado.