El fiscal pide que Unió aclare pagos a una acusada de malversación

El fiscal solicitó ayer al tribunal que juzga la supuesta malversación de casi un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña que reclame a Unió Democràtica (UDC) el detalle de los pagos que hizo a la principal acusada en el caso, Carme Fargas, para "comprar su silencio". La fiscalía considera que si se demuestran esos pagos se podría pensar que "el destino final" del dinero malversado sirvió para financiar al partido que encabeza Josep Antoni Duran Lleida.

El fiscal Fernando Rodríguez Rey planteó su petición a la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona al finalizar el interrogatorio de los 12 acusados, y el tribunal anunció que resolverá el próximo día 25. Joana Ortega, portavoz de UDC, anunció ayer que si finalmente se acuerda esa petición, "el partido colaborará con la justicia, como no podía ser de otra manera".

Fargas, que es la viuda del ex director del consorcio Joan Cogul, declaró el pasado día 12 que entre 1998 y 1999 cobró de Unió 100.000 pesetas mensuales (unos 600 euros) por "trabajos realizados" para el partido. Esos pagos, añadió, sirvieron en realidad para "comprar su silencio" porque en aquella época el caso ya lo investigaba la fiscalía. Fargas siempre negó los hechos y las acusaciones de malversación y falsedad que pesan sobre ella, hasta que al inicio de este juicio reconoció los hechos y pagó los 215.835 euros de los que se benefició.

Carme Fargas también declaró que el dinero malversado iba a parar al destino que le indicaban sus superiores en el Departamento de Comercio y Turismo de la Generalitat y en Unió, el partido que siempre ha tenido esta cartera en los Gobiernos presididos por Jordi Pujol. El fiscal razonó que si Unió pagó para que Fargas no acusara al partido "es lógico pensar" que el dinero malversado acabó beneficiando a UDC.

Todas las facturas abonadas

El fiscal recordó también que otro acusado declaró que Cogul nunca le negó "que el dinero fuese para el partido". De ahí su petición para que Unió y la propia Fargas aporten todas las facturas abonadas y giradas "así como cualquier medio de pago y los documentos bancarios que los acrediten". El abogado de la Generalitat y el de Iniciativa per Catalunya Verds, que ejercen la acusación en el caso, se sumaron a la petición del fiscal, al igual que la defensa de Fargas.

Antes de la intervención del fiscal declaró Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex cuñado de Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso y ex secretario de organización de UDC. Acuña admitió sin reparos que fue el responsable de la administración, gestión y contratación con el consorcio de cinco informes "inútiles", según el fiscal, sobre el sector encargados a empresas dirigidas por él y que compartían su sede social con la extinta fundación Fecea, estrechamente vinculada a UDC. La Generalitat pagó por esos informes unos 15 millones de pesetas (90.000 euros).