Amnesia general en el 'caso Otano'

Amnesia y silencio general. Nadie sabe de dónde vino el dinero y adónde se fue, aunque todos fueron titulares o apoderados de unas cuentas en la banca suiza por las que circularon, entre 1989 y 1995, más de un millón de euros procedente de una presunta comisión ilegal. Y si lo saben, lo callan.

Los miembros de la comisión del Parlamento navarro que investiga el llamado caso Otano han intentado en vano durante una semana de comparecencias obtener información de los principales implicados en el cobro de la comisión pagada por Bosch Siemens a cambio de la compra en condiciones ventajosas de la firma navarra de electrodomésticos Safel, adjudicada en 1989 por el Gobierno foral a la empresa alemana por 30 millones de euros. No lo han conseguido. Seguirán interrogando durante dos meses más.

El objetivo de la comisión es esclarecer la responsabilidad política y recuperar el dinero

Fue un juez suizo, Paul Perraudin, que investigaba los casos Urralburu y Roldán, quien acreditó la existencia de las cuentas donde se pagó el presunto cohecho. La Justicia helvética desentrañó los movimientos de ese pago a través de las cuentas abiertas en aquel país por ex dirigentes del socialismo navarro, pero el dinero acabó esfumándose.

La Audiencia de Navarra, que en 2004 se vio obligada a absolver a los ocho principales acusados al haber prescrito el presunto delito, sólo retiene 9.000 euros bloqueados en la última de las cuentas a nombre de Teresa Arcos, esposa del ex presidente navarro Javier Otano.

El objetivo de la comisión es doble: esclarecer responsabilidades políticas y recuperar el dinero. Algunos de los llamados a declarar, como el ex presidente Gabriel Urralburu, han calificado de "imposibles" ambos objetivos. La comisión ha escuchado los testimonios de Otano y de su esposa, del ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón, del abogado Agustín Guardia Palau y de Jorge Esparza, el único que todavía cumple condena de prisión en régimen abierto en Madrid por el caso Roldán.

Aralar, formación que junto a PNV, instó la creación de la comisión, ha sido el partido que más cuestiones ha planteado. Los demás apenas preguntan. Sin embargo, ninguno de los llamados ha aportado un solo dato novedoso que no figurara ya en el expediente judicial que finalizó con su absolución en el otoño de 2004. La resolución de la Audiencia de Pamplona se encuentra recurrida por la acción popular ante el Tribunal Supremo y a ese extremo se han aferrado algunos de los ex titulares de las cuentas para negarse a declarar.

Quince años después, los protagonistas han repetido milimétricamente lo que ya se sabía. Otano rompió un silencio de nueve años para reiterar que la cuenta era del PSN-PSOE y que en aquel momento las fuerzas políticas poseían cuentas en el extranjero ante el riesgo de involución en España. Él asegura que sólo dio su nombre a petición de Urralburu y que jamás supo nada de la cuenta ni se benefició de ella. Su esposa se negó a declarar. Aragón colaboró con los parlamentarios, pero dijo no saber nada sobre el origen o el destino del dinero. Urralburu, que reconoció haber cometido "graves errores ya depurados", no aportó luz alguna sobre los extremos que interesaban a los investigadores. Guardia Palau, a quien Otano y esposa otorgaron poderes, declaró no conocer el origen o el destino del dinero; y Esparza, que fue quien abrió una de las cuentas, dijo haberlo hecho porque Aragón se lo pidió, sin preocuparse de otra cosa.

Los socialistas aceptaron crear la comisión bajo la tesis de que nada tienen que esconder, pero han tenido que escuchar a los comparecientes que el dinero fue siempre del PSOE y que procedía de un cobro de comisiones de mayor envergadura, que Esparza sugirió incluso vinculado a las obras del AVE Madrid-Sevilla y al caso Filesa.

En estas circunstancias, y mientras Aralar o CDN, que ostenta la presidencia de la comisión, reiteran que se está avanzando en sus objetivos y que cabría exigir responsabilidades civiles para recuperar lo defraudado, los socialistas navarros han lanzado mensajes contradictorios. Su portavoz parlamentario, Fernando Puras, abogó por concluir sus trabajos. El secretario general, Carlos Chivite, denunció su instrumentalización para atacar al PSN, pero sus dos representantes aceptaron trece nuevas citaciones, incluyendo algunas propuestas propias.

Carlos Pérez Nievas (CDN), presidente de la comisión, estima muy valioso el hecho de que se hayan ratificado en sede parlamentaria declaraciones realizadas en sede judicial. "Hasta ahora el sumario judicial no tenía más valor que unas declaraciones de imputados no obligados a decir la verdad. Ahora podremos extraer de esas declaraciones conclusiones de tipo político", añade.