Trabajo dará a los ayuntamientos la mitad de los fondos para inmigrantes
Los Presupuestos destinan 120 millones para acogida e integración
El Consejo Superior de Política de Inmigración fijó ayer los criterios para repartir los 120 millones de euros que los Presupuestos del Estado de este año destinan a la acogida e integración de inmigrantes. La mitad de ese dinero será destinado a ayuntamientos y la otra mitad, a comunidades autónomas. Es la primera vez que un Gobierno habilita una partida presupuestaria para afrontar la incorporación de los extranjeros a la sociedad.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, presidió la reunión del Consejo en la que se decidieron los criterios para repartir los 120 millones. El Ministerio de Trabajo ha justificado el destino de la mitad del dinero a los ayuntamientos porque "es en el entorno local donde tienen lugar los procesos de integración".
El fondo permitirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos incrementar los programas de acogida e integración, a los que será destinado el 60% de la partida (72 millones), y de refuerzo educativo, a los que se destinará el 40% (48 millones).
Los baremos para la aplicación de recursos parten de una asignación básica (del 10%) igual para todas las comunidades autónomas. El resto del dinero se repartirá de acuerdo con una serie de criterios de ponderación objetivos.
La ponderación aplicada en la partida de acogida e integración es del 20% para las comunidades cuya situación geográfica les hace soportar mayor presión migratoria, del 35% para el empadronamiento, del 10% para los trabajadores afiliados al Régimen Especial Agrario y del 25% para los afiliados a la Seguridad Social.
La ponderación aplicada en la partida de refuerzo educativo alcanza el 60% para los menores inmigrantes escolarizados y el 40% para los procedentes de países no castellanohablantes.
El Gobierno hizo público un comunicado en el que afirma que el objetivo del fondo es "beneficiar tanto a personas inmigrantes como autóctonas, promoviendo el acceso de la población inmigrante a servicios públicos de carácter general, en tanto que la creación de servicios especializados se reserva para circunstancias específicas y como mecanismo transitorio".
Las comunidades gobernadas por el PP manifestaron su "malestar" porque "no ha habido tiempo para analizar la documentación", según declaró a Efe la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga.
