Un juez chileno pide que Pinochet sea juzgado por otros nueve delitos
A cerca de diez millones de dólares (7,8 millones de euros) asciende el perjuicio que el general Augusto Pinochet ha ocasionado al fisco de Chile entre 1980 y 2004 por los ingresos que omitió declarar, según la resolución con que el magistrado Sergio Muñoz pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago levantar la inmunidad del ex dictador.
El magistrado, que investiga las millonarias cuentas secretas de Pinochet, pidió el fin de la inmunidad del general por delitos tributarios, hurto, confección y uso de pasaportes y certificados de ingresos falsos, eludir las medidas cautelares que impuso la justicia española cuando estuvo detenido en Londres (1998-2000) y la compra ilegal de terrenos durante la dictadura (1973-1990).
La contundente resolución de Muñoz contra Pinochet plantea que el ex dictador cometió nueve delitos, entre ellos falsificación y hurto de documentos públicos, exacciones ilegales, malversación de fondos y amenazas para adquirir propiedades, fraude y obstrucción a la justicia al ocultar sus bienes al juez Baltasar Garzón.
Respecto a los exámenes médicos del imputado, el juez señala que deberán efectuarse "en su oportunidad", lo que implica no hacerlos en esta etapa del proceso de la petición de desafuero. Considerando las más de cien cuentas que tuvo en el exterior, sus inversiones, acciones y propiedades, el magistrado estima que el ex dictador amasó una fortuna superior a 17 millones de dólares. Es un monto imposible de reunir con los ingresos conocidos de Pinochet, incluso sumando completas las remuneraciones que ha tenido desde 1980 como comandante en jefe, presidente, senador y ex presidente.
Otros procesados
Por orden del juez, la secretaria personal de Pinochet en los últimos 30 años, Mónica Ananías, y su ex albacea y contador, Óscar Aitken, están procesados y detenidos como cómplices en los delitos del ex dictador. Muñoz estableció embargos de bienes por 30 y 10 millones de dólares para Aitken y Ananías, respectivamente. La secretaria, que ayudó a ocultar las cuentas de Pinochet en el exterior, está detenida desde el jueves por la noche (madrugada del viernes en España) en el Regimiento de Telecomunicaciones, y Aitken, que participó en las inversiones en empresas de papel, se encuentra en la cárcel de Capuchinos, para delitos económicos.
El cuarto desafuero de Pinochet, que busca conseguir Muñoz, un acucioso juez de las nuevas generaciones, que da garantías de independencia, es probablemente más complejo para el ex dictador que los tres anteriores, concedidos por violaciones a los derechos humanos.
En dos de esos casos, por los 75 crímenes de la Caravana de la muerte y por el asesinato del ex jefe del Ejército general Carlos Prats, la Corte Suprema terminó sobreseyéndolo, por demencia senil en el primero y por un tecnicismo legal en el segundo. Sólo tiene abierto el juicio por los crímenes de la Operación Cóndor.
