Caldera cree que el nuevo padrón afectará a "decenas de miles" de extranjeros

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que hay "bastantes decenas de miles" de inmigrantes que, "por miedo u otras razones", llevan mucho tiempo en España sin empadronarse y que podrán censarse por omisión. Caldera consideró "muy positiva" la resolución del Consejo de Empadronamiento que ha fijado siete documentos públicos con los que un inmigrante podrá acreditar su residencia en España antes del 8 de agosto de 2004, requisito necesario para acogerse al proceso de regularización de trabajadores extranjeros abierto hasta el 7 de mayo.

El responsable de Trabajo explicó que, con la reforma introducida, lo único que se ha hecho es "flexibilizar la interpretación de algunos requisitos" con el objetivo de resolver el problema que supone que muchos extranjeros no se hubieran empadronado antes del 8 de agosto de 2004, como exige el Reglamento de Extranjería para acceder al proceso de regularización. Este problema había sido denunciado por el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Abogacía y los empresarios, encargados estos últimos de presentar la solicitud de normalización.

"Mi opinión es muy positiva porque creo que, en estas tres semanas, esto permitirá aflorar una parte importante del empleo sumergido", destacó Caldera.

A pesar de que el ministro considera que son miles los inmigrantes que podrán acogerse al empadronamiento retroactivo o por omisión, la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, dijo ayer que resulta imposible saber cuántos podrán acreditar que residen en España desde antes del 8 de agosto, aunque no cree que muchos vayan a beneficiarse de la flexibilización. Además, lo "importante" es que tengan un contrato de trabajo, reiteró.

Alcaide dio una rueda de prensa para explicar el acuerdo alcanzado el jueves por la noche por la Comisión de Empadronamiento para fijar los siete documentos necesarios para obtener el empadronamiento retroactivo. Son los siguientes:

- Copia de la solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada.

- Tarjeta de asistencia sanitaria.

- Copia de la solicitud de escolarización de menores.

- Certificado de Servicios Sociales o de percepción de ayudas sociales.

- Documento de alta laboral por la Seguridad Social

- Copia de solicitud de asilo.

- Notificación de resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior derivadas de la normativa de extranjería (órdenes de expulsión).

Alcaide recalcó que todos los documentos deben estar emitidos por la Administración, deben ser originales o copia compulsada y contener los datos de identificación de los interesados. Pero, en principio, "todo certificado público con un sello administrativo puede valer", concluyó.

No valdrá, por ejemplo, un sello consular, ya que es imprescindible que la Administración responsable sea española; tampoco un certificado bancario, porque quien sella el documento debe ser Administración pública (central, autonómica o local); ni una multa, porque no identifica a la persona.

Más financiación

La presidenta del INE estaba acompañada por el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Alberto Torres, que mostró su "satisfacción" por la claridad de la resolución acordada, pero solicitó más financiación para los ayuntamientos, que asumirán "la gran carga de trabajo" que generará esta flexibilización. Torres afirmó que es probable que algunos consistorios registren colas debido a que muchos extranjeros acudirán a solicitar el empadronamiento por omisión.

La resolución del Consejo de Empadronamiento será publicada en el BOE hoy o el próximo lunes, aunque los ayuntamientos pudieron empezar ayer a emitir la solicitud de empadronamiento, que llevarán el alta del día en que se solicite.

El Ministerio de Trabajo será el encargado de comprobar la veracidad de estos documentos. Los ayuntamientos se limitarán a hacer constar en la solicitud que el extranjero ha aportado un documento acreditativo de la residencia antes del 8 de agosto.

Si la solicitud es aprobada, el inmigrante podrá presentar el certificado de empadronamiento definitivo después del 7 de mayo, último día del proceso. El Gobierno recordó ayer que no se ampliará el proceso.

El PP censuró ayer algunos aspectos de la resolución acordada. La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, advirtió de la "incoherencia" del Gobierno al admitir la orden de expulsión como "documento público fehaciente" para poder acceder al proceso de normalización.

Pastor aseguró que estas "triquiñuelas" responden a un intento precipitado del ministro por alcanzar la cifra de 800.000 solicitudes puestas como objetivo, "aunque posteriormente no se puedan aprobar todos esos expedientes" por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos.

El presidente de la asociación de marroquíes ATIME, Mustafa El Mirabet, valoró el listado de documentos, aunque, señaló, le gustaría que se contemplase la situación de las personas con visado.