Los acusados del fraude de las gasolineras pagan 2,1 millones para evitar el juicio

El fraude de las gasolineras, que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció en enero de 1998, ha concluido más de siete años después con el pago de 2,114 millones de euros (casi 352 millones de pesetas) y condenas de entre 15 y 21 meses de cárcel para los 35 implicados, aunque ninguno irá a prisión. Los abogados defensores se adhirieron ayer a las conclusiones del fiscal para evitar la celebración del juicio en la Audiencia Nacional. Las 16 estaciones de servicio implicadas, de Madrid, Toledo y Albacete, servían un 5% menos del combustible que cobraban.

La adhesión de las defensas a las conclusiones definitivas del fiscal de la Audiencia Nacional, que ha suavizado notablemente las conclusiones provisionales elaboradas en marzo de 2000 por la fiscalía de Madrid, es el paso previo para una sentencia de conformidad, que permite a los acusados evitar el juicio y el riesgo de acabar en prisión. Los 35 implicados -15 propietarios de estaciones de servicio y 20 encargados- se declaran culpables de un delito continuado de estafa y de otro contra los consumidores.

Los dueños de las gasolineras -Francisco Javier Villanueva Aranguren, cabeza visible del grupo Villanueva, y sus socios- aceptan una condena de un año y nueve meses de cárcel y una multa de seis meses, a razón de 11,2 euros diarios, lo que suma 2.016 euros. Por su parte, los encargados que manejaban el mecanismo fraudulento son condenados por ambos delitos a 15 meses de cárcel y multa de 540 euros.

No obstante, ninguno de ellos deberá ingresar en prisión, pues el fiscal acepta en su escrito que las penas de cárcel sean sustituidas por multas. Según lo previsto en el artículo 88 del Código Penal, dichas multas oscilarán entre 2.700 euros, en el caso de los encargados, y 14.112, los dueños.

Con todo, el punto más destacado es la devolución del dinero defraudado, que se cifra en 2.114.587 euros (351,8 millones de pesetas). Esta cantidad está muy lejos de los 5.300 millones de pesetas reclamados por el fiscal de Madrid en marzo de 2000.

Drástico recorte

La razón de tan drástico recorte hay que buscarla en que, aunque se ignora desde cuándo se estaba cometiendo el fraude, la fiscalía madrileña reclamó por un periodo de 10 años, desde 1988 a 1998, mientras que el fiscal de la Audiencia Nacional se ha ceñido a los tres años anteriores al estallido del escándalo, considerando prescrito todo lo ocurrido antes del año 1995.

Además, para llegar a una sentencia acordada, el ministerio público ha aceptado los cálculos económicos realizados por el perito del grupo Villanueva. Finalmente, los acusados han tenido que abonar 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que incluye el pago al Estado de 15.000 euros por impuestos.

Respecto a la reducción de la pena de hasta nueve años de cárcel que pedía la fiscalía de Madrid, el fiscal argumenta que la gasolina no es un bien de primera necesidad ni de reconocida utilidad social y que cada una de las estafas a los automovilistas, individualmente considerada, no superaba los 400 euros, límite que separa en el Código Penal el delito de estafa de la mera falta.