Plan contra la piratería

El Gobierno aprobó el viernes unplan contra la piratería. El plan incluye medidas preventivas (determinar el alcance del problema y llamar la atención de la connivencia existente entre la piratería y mafias); de sensibilización (campañas para explicar a la sociedad el valor y sentido de la propiedad intelectual); normativas (suplir lagunas legislativas); formativas (dirigidas a todos aquellos que tienen entre sus funciones velar por el respeto de estos derechos) y de coorperación (una Comisión Intersectorial con representantes de la administración, la industria y los consumidores, marcará las líneas a seguir). El Ministerio de Justicia va a especializar a los miembros del Ministerio Fiscal en cada una de las fiscalías, así como a peritos judiciales y miembros de la Policía Judicial para agilizar los juicios rápidos relacionados con estos delitos. El Ministerio del Interior va a constituir un grupo policial específico sobre actividades delictivas relacionadas con la propiedad intelectual que asegure la coordinación interna de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Ministerio de Industria y el de Cultura crearán un grupo de trabajo al que serán convocadas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y la industria de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El objetivo de este grupo es establecer mecanismos para detectar y retirar contenidos ilícitos de las redes digitales, así como para determinar la identidad de los infractores de derechos de propiedad intelectual. Se elaborará un "mapa de la piratería" en España.

El plan ha sido bien acogido por autores e intérptes y la industria en general a falta de ver la dotación presupuestaria y la concreción de algunas medidas. Con todo, el PP lo considera "solo humo" y la AETIC ve problemático que se hable de control de contenidos por parte de los proveedores de acceso a Internet. La Asociación de Usuarios de Internet criticó la "falta de precisión" del plan ya que, en su opinión, "no clarifica si el intercambio de contenidos entre particulares y sin ánimo de lucro, se admite como una actividad licita o se va a perseguir".