La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual reaviva la disputa sobre el canon

La inminente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptar la directiva europea sobre protección de los derechos de autor tiene en ascuas a la industria informática y de telecomunicaciones, que teme que ampare una ampliación del canon que se paga a soportes como el DVD, el CD o las impresoras multifunción, a otros productos. El ministro de Industria, José Montilla, aseguró la semana pasada que el Gobierno no impondrá un canon sobre las conexiones ADSL y los discos duros de los ordenadores. Con esta declaración atajaba informaciones que atribuían al Ministerio de Cultura la intención de ampliar el citado canon a los PC y a las conexiones de banda ancha a Internet. Pero estas mismas declaraciones consagraban, implícitamente, el actual y polémico cobro del canon y no despejaban la duda sobre su ampliación a otros soportes (como los sistemas de memoria).

Representantes de la industria informática se han reunido con Montilla para manifestarle su preocupación. En frente, las sociedades gestoras de derechos de autor defienden el canon como único sistema para compensar a los autores por la facultad que tiene el consumidor de obtener una copia privada y que las tecnologías digitales no garantizan una solución perfecta al problema. La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) defiende que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual debería apostar por los sistemas digitales de protección y gestión de derechos para amparar los citados derechos y vetar el recurso al canon. Temen que si la ley, como figura en su actual borrador, se limita a defender la remuneración al autor por la existencia de copias privadas, las sociedades gestoras busquen la solución en una ampliación del canon. Consecuentemente, la industria informática apoya un artículo de la reforma, el 160, que persigue a quienes fabriquen o posean con fines comerciales tecnologías que puedan saltarse las protecciones antipiratería.

Este artículo preocupa a los colectivos del software libre porque, a su juicio, podría criminalizar la investigación tecnológica. En un comunicado, Hispalinux, critica otros aspectos del proyecto como que se dé "el monopolio de facto" de la gestión de derechos a sociedades de gestión.

Jesús Banegas, presidente de AETIC, cree compatible el máximo respeto a los derechos de autor con la supresión de los cánones y el empleo de las nuevas tecnologías. "No se pueden aplicar los mismos principios de una ley surgida en el mundo analógico para el universo digital". A juicio de Banegas, el modelo se encuentra en Gran Bretaña e Irlanda, que carecen de cánones y son países con un alto desarrollo digital. "Allí no se admite la copia privada, pero no se castiga con la ley sino que se busca combatir la piratería con los recursos de la tecnología".

Cuando se plantea que estas tecnologías todavía son frágiles, fuentes de la industria insisten en que estamos ante un proceso de cambio tecnológico abierto y que los mismos que aprovechan las tecnologías para multiplicar la distribución de sus creaciones no las aceptan como herramienta de control. Los argumentos de la industria tecnológica contra el canon van desde la desventaja en que les sitúa con respecto a otros mercados europeos hasta que la misma lógica con que se ha actuado con sus productos produciría perplejidad en otros sectores. No se puede poner un canon a las gafas porque permiten leer libros, argumentan. Un empresario comentaba a este diario que el canon es como si al comprar un coche que puede superar los 120 kilómetros por hora, el comprador pagara 10 multas por exceso de velocidad y ello le exonerara de ser castigado por pisar el acelerador. Insisten en que el canon no combate el uso no retribuido de copia privada sino que es un cobro cautelar.