Tierras vascas

Cualquiera que sea el desenlace del dilema planteado por la presencia electoral del grupuscular Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), los amigos de ETA ya han alcanzado un éxito notable: conseguir que los dos primeros partidos españoles se enzarcen en una pelea de mutua deslegitimación a cuenta de un asunto en el que es evidente que tienen un interés compartido en defensa del Estado de derecho. Ambas formaciones se acusaron ayer de supeditar los principios democráticos a intereses partidistas. Lo que más anhelaba escuchar Otegi.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ya había responsabilizado personalmente a Zapatero de la posible "presencia de ETA en el Parlamento vasco" por no haber impulsado la impugnación de esa lista. El ministro de Justicia informó ayer largamente a Acebes de los motivos de esta decisión: la ausencia de pruebas con peso suficiente como para que la impugnación pueda prosperar ante los tribunales, sobre todo a la vista de las consideraciones del Tribunal Constitucional en su reciente resolución sobre Aukera Guztiak. Es un argumento razonable: sin pruebas, se corre el peligro de hacer el ridículo y de dar a Batasuna la posibilidad de apuntarse un tanto.

¿No deberían haberse puesto de acuerdo PP y PSOE sobre esto? La actitud de Acebes, que llegó a insinuar que el Gobierno "oculta algo", hace pensar que el PP prefería la denuncia al acuerdo, según una estrategia largamente ensayada. La exigencia de convocar el Pacto Antiterrorista para discutir el asunto forma parte seguramente de esa misma estrategia: emplazar al Gobierno a que haga algo, para denunciar acto seguido que no ha atendido sus exigencias. Actitud incompatible, como recordó Zapatero, con la lealtad básica en que se fundamenta el Pacto.

Rajoy dijo ayer que la petición de voto por parte de Batasuna debería considerarse indicio suficiente. Sin embargo, no es lo mismo que ello ocurra en relación a un partido o agrupación creados expresamente como tapadera legal que instrumentalizando un partido ya existente. Para ilegalizar un partido político -que fue registrado cuando Acebes era ministro del Interior- hacen falta pruebas concluyentes de que es una criatura fraudulenta del entramado previamente ilegalizado. La sospecha de que el PCTV nunca se escindió realmente de Batasuna, como sugiere el informe de la Guardia Civil, es sugestiva, pero poco verosímil. No sólo porque los indicios aducidos carecen de fuerza probatoria, como argumenta el informe de la Abogacía del Estado, sino porque tal teoría implica atribuir a los amigos de ETA una anticipación extraordinaria. Incluso para prever años antes el desenlace de resoluciones del Supremo y el Constitucional como las que anularon anteriores candidaturas fraudulentas.