España comunica al Ecofin que el proyecto presupuestario de la UE es inaceptable

El Gobierno español empieza a subir el tono en la Unión Europea (UE) y a plantear opciones diversas ante el riesgo de que España pase de ser el país más beneficiado del presupuesto comunitario a contribuyente neto. Es lo que prevé la propuesta oficial sobre las futuras Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013, que el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó ayer de "absolutamente inaceptables" ante los ministros de Finanzas de la Unión (el Ecofin), reunidos en Luxemburgo.

Ordóñez exigió ante el Ecofin que la pérdida española del Fondo de Cohesión (11.600 millones en el periodo 2000-2006) sea paulatina, y no de un día a otro, como prevé la propuesta oficial que ayer puso sobre la mesa la presidencia de la UE.

"No estamos dispuestos a contribuir de forma no equitativa", dijo a los periodistas el secretario de Estado de Hacienda, en alusión a que España pagará la factura de la ampliación, en términos relativos, mucho más que los países ricos de la UE.

La actual propuesta de la Comisión, asumida globalmente en el documento presentado ayer al Ecofin por el presidente actual de la UE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, recoge la necesidad de que haya medidas transitorias. Pero en el caso español se aplican en el proyecto, únicamente, en beneficio de regiones que, como Asturias o Murcia, ya no tendrán derecho a las ayudas más generosas de la UE porque su renta por habitante ha superado el 75% de la media comunitaria por efecto estadístico, es decir, porque se han incorporado a la Unión países menos desarrollados.

Fondo de Cohesión

Ese tipo de medidas, sin embargo, no se contemplan a la hora de repartir el Fondo de Cohesión, al que tienen derecho los países cuya renta por habitante no supere el 90% de la media comunitaria. España percibe ahora el 60% del total de ese fondo, pero ya no tendrá derecho al mismo porque su renta por habitante superará el 90% de la media comunitaria.

La Comisión argumenta que no existe base jurídica para una disminución paulatina en la recepción de ese fondo, pero Fernández Ordóñez opina lo contrario: "No es cierto; creemos que se puede solucionar jurídicamente". Para el secretario de Estado de Hacienda, la opción de ese periodo transitorio "es lo más coherente".

En el debate de ayer, la negociación no avanzó nada. "No he visto ni un milímetro de movimiento en las posiciones de los países", dijo Fernández Ordóñez, toda vez que los seis más ricos (Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia y Austria) insistieron en rebajar el presupuesto anual de la Unión para contribuir menos, que el Reino Unido defendió de nuevo la vigencia del llamado cheque británico (Bruselas devuelve a Londres unos 5.000 millones anuales de su aportación) y que los países del Este recién llegados al club exigen que no se haga ningún ajuste a costa de las cuantiosas ayudas que recibirán. Juncker se congratuló entre bromas de que todo siga igual: "Nadie ha cedido, así que todos tendremos que ceder en junio".

"El problema español", como ya se conoce en la terminología comunitaria la planteada brusca pérdida de fondos europeos (el 45%), lo explicó ayer Fernández Ordóñez de forma muy sencilla: entre 2000 y 2006, el saldo neto a favor de España será de 48.000 millones de euros; entre 2007 y 2013, se reducirá a 5.000 millones si se aplica la propuesta actual.

Hasta el momento, ningún país apoya soluciones o alternativas para paliar el daño, pero la mayoría de ellos, como recordó el secretario de Estado, son ya al menos conscientes de que existe "el problema español". Más que apoyos, en esta fase inicial de la negociación se ven más los ataques y España no es una excepción. Ayer, Fernández Ordóñez se sumó a la tesis franco-alemana, sostenida por una mayoría de países, de que desaparezca el cheque británico.

Fernández Ordóñez sí logró parar, con ayuda de otros (Grecia, Malta, Portugal y Chipre), la idea franco-alemana de crear en la UE un impuesto sobre el queroseno (330 euros por mil litros) para financiar la ayuda al desarrollo o una tasa de entre 10 y 30 euros en los billetes de avión.