La pugna entre Aguirre y Fomento por el metro a Barajas comenzó tras la derrota electoral del PP

Un túnel de dos kilómetros para el metro se ha convertido en objeto de disputa entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. La prolongación de la línea 8, que llega hasta el aeropuerto de Barajas pero que debería proseguir hasta la nueva terminal (T4) que el ministerio inaugurará en 2006, está en el aire: la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se niega a financiarla y atribuye esta obligación a Fomento, que jamás ha construido metro. Aguirre no siempre ha pensado igual. Mientras su compañero de partido Francisco Álvarez-Cascos fue responsable de las infraestructuras del Estado, ella no puso inconvenientes en sufragar el metro a Barajas, e incluso destinó una partida de 10,5 millones para costear la obra en los Presupuestos de 2004. Pero su postura cambió radicalmente tras la derrota del PP en las elecciones de marzo de 2004.

Cuando Aguirre asumió la presidencia regional en otoño de 2003 se encontró, entre los compromisos asumidos por su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, un proyecto para ampliar la línea 8 de metro y conectar así las tres terminales que hoy funcionan -situadas en un mismo edificio- con la cuarta y última, la T4, construida por el Ministerio de Fomento y que será inaugurada el próximo año. Esta terminal incluso tiene proyectada una estación de metro a la que sólo le falta la conexión por túnel con el resto de la red.

La unión entre la vieja terminal aeroportuaria y la nueva no estaba entre las promesas electorales del PP, pero el entonces consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados, asumió la obligación de hacerla realidad. El 28 de febrero de 2004, con ocasión de los 100 primeros días del Gobierno de Aguirre, el consejero detalló en una entrevista en EL PAÍS algunas pautas de lo que el Ejecutivo regional pretendía hacer con esta prolongación de la línea 8: "El proyecto está redactado. Es una obra de dos años y medio. Si las fórmulas de financiación que estamos estudiando nos encajan, podemos empezar este mismo año, por lo que el metro estaría listo cuando sea inaugurada la nueva terminal en 2005", decía Granados.

Quedaba claro que la Comunidad asumía como propio el proyecto. Tanto, que el 5 de septiembre de 2003 la resolución de información pública del proyecto de prolongación de la línea 8 a Barajas, así como del estudio de impacto ambiental referido al mismo, había sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a instancias de la Consejería de Transportes. Dos meses después, el boletín recogía también la declaración de impacto ambiental.

Aguirre estaba tan dispuesta a financiar la prolongación del metro a Barajas que en los Presupuestos Generales de 2004 incluyó una partida de 10,5 millones de euros para ello, bajo el epígrafe "subconcepto 6074". La memoria de actividades especificaba sobre este concepto: "Se construirán nuevas infraestructuras que favorezcan el transporte metropolitano, como es la ampliación de la línea 8 a las nuevas terminales de Barajas".

El dinero, para otra cosa

Según muestra un informe detallado por programas, mes a mes, de la ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, ésta llegó a utilizar el pasado agosto una parte de esa cantidad (3,6 millones de euros) para el objeto al que estaba destinada (la ampliación de la línea 8 del metro).

Pero, como denunció el pasado viernes el portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, la Comunidad decidió dos meses después gastarse el dinero en otra cosa. Y traspasó el remanente de la partida (6,6 millones) a otro fin: encargó a una empresa hacer un catastro digitalizado del suelo de la región. La compañía a la que le fue concedido este proyecto, Tres Cantos, SA, está presidida por la actual consejera de Transportes de la Comunidad, María Dolores de Cospedal, y sus accionistas son la propia Comunidad y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Esa partida ya ha sido ejecutada, según Simancas.

Sin embargo, la página web de metro de Madrid (www.madrid.org/metro) recogía ayer todavía, dentro de la información sobre las obras de ampliación previstas hasta 2003, la prolongación hasta el aeropuerto de la línea 8, con parada en "Nueva Área Terminal". Y especificaba que las empresas constructoras son FCC y Dragados. "Está en proyecto el tramo desde Barajas hasta la Nueva Área Terminal, que está proyectando a su vez AENA", indicaba.

El cambio de opinión de Aguirre no fue baladí. Cuando modificó su criterio, el Ministerio de Fomento no estaba dirigido por su compañero Álvarez-Cascos, sino por la socialista Magdalena Álvarez. Y en el Gobierno central ya no estaba José María Aznar, sino José Luis Rodríguez Zapatero. Así, el Gobierno regional se sacó de la manga la teoría de que una infraestructura hecha en el interior del aeropuerto de Barajas -un ámbito de responsabilidad de Fomento- tiene que ser financiada por este ministerio. Y ésa es la posición que Aguirre ha hecho suya.

"Consideramos que la infraestructura que requería el aeropuerto estaba cubierta con la línea que llega hasta Barajas", explicó un portavoz de la Comunidad el viernes pasado. "En el interior, es una competencia de Fomento; y la conexión entre las terminales debe ser realizada por el ministerio. Además, desde el punto de vista de las infraestructuras del metro es prioritario que éste llegue a otros barrios que no lo tienen, como La Elipa o el distrito de Villaverde", subraya el portavoz.

El escollo que encuentra Aguirre es que el ministerio no tiene competencias para hacer el metro, y nunca lo ha hecho. Cuando las competencias en materia de transporte por metro se transfirieron a las comunidades autónomas (en 1986 en el caso de Madrid), se traspasaron también las infraestructuras del suburbano de Madrid, Barcelona y Sevilla a sus respectivos Gobiernos regionales. Desde entonces, el Estado sólo interviene, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, aportando créditos para subvencionar las inversiones de infraestructura o para sostener el servicio, a través de convenios con las comunidades. Por ejemplo, el Estado sufragó la nueva red de Metrosur a través de cánones que serán satisfechos por Metro de Madrid en un largo periodo de tiempo. Sólo el año pasado, Metro tuvo que devolver al Estado por este concepto unos 118.000 millones.