El Defensor del Pueblo denuncia irregularidades en los reformatorios

El Defensor del Pueblo califica en su informe de 2004 de "muy deficiente" la situación de los centros de internamiento de menores delincuentes en la Comunidad de Madrid, pese a que la ley que regula el funcionamiento de estas instalaciones entró en vigor hace ya cinco años. El organismo que dirige Enrique Múgica ha detectado goteras, humedades, falta de limpieza y de espacio en los cuatro reformatorios de los que dispone el Gobierno regional y en los que hay 180 internos. Además, el personal resulta insuficiente para llevar a cabo las tareas de reeducación y reinserción que marca la Ley del Menor.

El Defensor del Pueblo efectúa visitas periódicas a estos centros, dado que los menores no suelen tener la iniciativa de hacerle llegar sus reclamaciones. Las últimas inspecciones fueron hechas a principios de diciembre de 2004.

- Renasco. En este centro fueron detectadas humedades y goteras en diferentes dependencias. El techo que conduce a la pista polideportiva tenía un boquete en la escayola. Su aspecto era de deterioro en términos generales, por lo que era precisa una reforma.

- El Madroño. Presenta unas instalaciones deterioradas, con goteras en varias salas. Los espejos en los baños de la planta baja eran "claramente inadecuados" para un centro de estas características, por el peligro que suponen para los educadores y para los jóvenes. "En las habitaciones había colchones en el suelo y camas plegables de campaña", recoge el estudio del Defensor del Pueblo.

- El Pinar. "Dada la antigüedad de su construcción, presentaba un mal estado de conservación", dice el informe. Tenía humedades en toda la zona de despachos y goteras en la sala de visitas, "hasta el extremo de haberla inutilizado". En algún taller, los cristales de las ventanas habían sido sustituidos por cartones. Las paredes presentaban un estado muy deficiente de pintura y en algunas habitaciones había pintadas, pese a estar prohibido.

- Altamira. La calificación que recibe es de "muy deficiente" en cuanto a la conservación de las instalaciones y el mobiliario. El comedor es tan pequeño que los 20 internos tienen que comer en tres turnos, lo que hace que los últimos reciban la comida fría. En la sala de convivencia, algunas sillas "han sido arrancadas de sus soportes, quedando éstos al descubierto". La pintura de la mayoría de las dependencias se encuentra manchada y el sistema de seguridad de las ventanas impide que puedan ser limpiadas con facilidad. Esto motiva que los desperdicios se acumulen en el exterior. "El centro no dispone de habitaciones para que los menores puedan ser observados y tratados durante los primeros días de ingreso. La estructura del edificio y el espacio disponible impiden que los menores puedan ser agrupados por edades y por otras circunstancias personales, para poder aplicarles programas educativos adecuados a sus necesidades", señala el informe.

Pero si graves son los problemas de los edificios, de mayor riesgo tacha el Defensor del Pueblo la masificación de estos centros en Madrid. El hecho de que estén continuamente ocupados por encima de su número de plazas "repercute de manera negativa no sólo en los menores, sino también en los trabajadores del centro".

Los comités de empresa de los reformatorios y los sindicatos CC OO, UGT y CSIT-UP presentaron una queja al Defensor en la que le exponían sus problemas. Y ahora el Defensor se hace eco de ese escrito. "Los profesionales que trabajan en estos centros se ven obligados a renunciar a algunos de sus derechos laborales. No pueden tomarse ningún descanso a lo largo de toda su jornada laboral, debido al excesivo número de menores", explica el organismo que dirige Múgica. "El espíritu educativo y reinsertador de la ley no se cumple. Los técnicos auxiliares y los educadores se han convertido en meros camareros que se limitan a facilitar a los internos sus necesidades básicas, como comida, aseo y poco más, careciendo de tiempo para poder intervenir educativamente con los menores", añade.

La directora de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad, Carmen Balsagón, aseguró a EL PAÍS que los problemas en los edificios ya han sido solucionados y que su intención es crear en breve más centros de internamiento para evitar la saturación que hay ahora. Balsagón no precisó dónde ni cuándo se hará.

"El problema que denuncia el Defensor del Pueblo no es único de Madrid, sino que se repite en otras comunidades. Nuestra voluntad es que se mejore la situación, por lo que se ha hecho una apuesta seria. El traspaso [de las competencias] a la Consejería de Justicia e Interior, desde la de Familia y Asuntos Sociales, igual que se ha hecho en el País Vasco, Cataluña o Andalucía, es una muestra de ello", dijo Balsagón.