Planificación, coordinación y competencias

El plan de ordenación de la Costa del Sol occidental, aseguraba la consejera del ramo esta semana en el Parlamento, tiene "deficiencias o lagunas". La lucha contra el descontrol urbanístico en Andalucía amenaza con desatar una guerra entre la Junta y los ayuntamientos. A la primera, se le acusa de mirar para otro lado durante décadas ante los más que visibles casos de ilegalidad urbanística, mientras los segundos -asfixiados a diario por la falta de recursos- ven como el Gobierno andaluz pone en tela de juicio su capacidad de gestión e invade competencias municipales. Pero, qué fue antes ¿el huevo o la gallina?

La realidad es que, como venimos denunciando los andalucistas, se tarda muy poco en anunciar y demasiado en materializar lo anunciado a bombo y platillo. Las 1.600 viviendas declaradas ilegales hasta ahora en Marbella no aparecieron un día por arte de magia. No era necesario esperar a interponer 370 recursos para advertir que algo estaba fallando en los procedimientos.

Desde el Gobierno andaluz, se argumenta, además, que se ha optado en estos años por priorizar la elaboración de los planes generales de Ordenación Urbanística a los del Territorio (POT), pero con qué criterios se ha dado el visto bueno a los PGOU si después, como en el caso de la Costa Occidental de Huelva, se tienen que paralizar por las discrepancias con su POT correspondiente y con los consiguientes perjuicios que esta suspensión tiene para las economías de los municipios afectados.

La construcción o deconstrucción en una inmensa mayoría del litoral, de las áreas metropolitanas y espacios protegidos de interior es una realidad diaria que exigía de actuaciones inmediatas y con previsión de futuro por parte de las distintas administraciones competentes y no a posteriori como parece ser la tónica general. Lo primero que hay que hacer es una planificación realista de las necesidades urbanísticas del territorio andaluz. Sólo si somos capaces de determinar la imagen de la Andalucía que queremos, será posible crecer en positivo y de forma homogénea. Ello conlleva, indudablemente, a la colaboración y el trabajo simultáneo y coordinado de las administraciones. Se impone la creación de un órgano de coordinación específico sobre el planeamiento urbanístico entre la Junta y los ayuntamientos. Pero un órgano vivo, activo, resolutivo, inmerso en el devenir diario y no que actúe a fecha pasada.

Y por último, determinemos con nitidez las competencias de las administraciones en materia urbanística. Si queremos hacer de Andalucía un territorio habitable, sostenible y de futuro, sólo desde la participación, el trabajo coordinado y la asunción de las propias responsabilidades podremos avanzar.

José Calvo Poyato es portavoz del Grupo Andalucista.