500 guineanos acusan de cobrar precios abusivos al consulado de su país en Barcelona
Ciudadanos de Guinea-Conakry procedentes de distintos puntos de Cataluña y del resto de España se manifestaron ayer en Barcelona para protestar contra los "precios abusivos" que, según aseguran, el consulado de este país africano en la capital catalana les cobra para tramitar cualquier documento administrativo.
Llegados en ocho autocares, los guineanos -unos 200 según la Guardia Urbana y medio millar, según los organizadores de la protesta- intentaron sin éxito entrevistarse con el cónsul de Guinea-Conarky en Barcelona. Los concentrados señalan que las gestiones consulares se cobran a precios "abusivos".
Los manifestantes aseguran que en el consulado de Barcelona se cobra "hasta 10 veces más" de lo "legalmente establecido", un "fraude" que, según aseguran, no se comete en el otro consulado que este país africano tiene en España: el de Las Palmas. Para la expedición de determinada documentación, los guineanos deben pagar en el consulado de Barcelona 240 euros, frente a los 20 euros que establece el listado oficial de precios fijado por el país africano, explicaron ayer los organizadores de la protesta.
"El consulado ha de mirar por los guineanos y no aprovecharse de su trabajo haciendo negocio", o "Queremos que el consulado nos trate como personas y no como objetos para hacer negocio", rezaban algunas de las múltiples pancartas que portaban de los manifestantes.
Protesta de los encerrados
Por otra parte, al grito de "Papeles para todos", unos 300 inmigrantes se manifestaron pacíficamente ayer en la plaza de Sant Jaume para pedir al Gobierno de Zapatero una mayor flexibilización en el actual proceso de regularización. Enrique Mosquera, portavoz de la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones, se mostró "satisfecho" por la convocatoria y recalcó: "Vamos a seguir encerrados y en huelga de hambre hasta que el Gobierno quiera dialogar con nosotros". Uno de los puntos más importantes que se destacó en la lectura del manifiesto fue que el padrón no sea el único documento acreditativo de estancia para acceder al proceso de regularización, aspecto que el Gobierno central ya está estudiando como manifestó el pasado jueves Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Los casi 400 inmigrantes que ya llevan una semana en ayuno están ubicados en Universidad Politécnica de Cataluña, aunque tan sólo hasta mañana, cuando se trasladarán a otros locales; en los centros Espai Obert y Can Vies, en Barcelona; en la parroquia de Sant Miquel, en Santa Coloma de Gramenet; el edificio de L'Òpera, en L'Hospitalet, y el local L'Alegria, en Sant Vicenç dels Horts. El próximo lunes, 30 inmigrantes más se encerrarán en La Casa de la Solidaritat, en el barrio del Raval barcelonés, y unas 15 mujeres se sumarán a la protesta en Can Serra, en L'Hospitalet.
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