Urralburu asume "errores" en su gestión que ya "ha depurado" ante la Justicia

El ex presidente socialista navarro Gabriel Urralburu y quien fuera su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, reconocieron ayer ante la comisión parlamentaria de investigación del caso Otano que cometieron "errores" en su gestión política que, añadieron, ya han sido depurados ante la Justicia.

Urralburu y Aragón fueron condenados a penas de prisión que ya han cumplido por el cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas cuando pertenecían al Gobierno foral. En 2004, fueron procesados y absueltos en el caso Otano, el presunto cobro de otra comisión de un millón de euros pagada por Bosch Siemens al haber prescrito los hechos. La comisión del Parlamento navarro busca desentrañar las posibles responsabilidades políticas.

Urralburu compareció una hora. Al salir, respondió a los periodistas rompiendo, como hiciera también Otano el lunes, un silencio de años.

"Acto de rebeldía"

Urralburu dijo que con la constitución de esta comisión el Parlamento foral ha cometido "un acto de rebeldía de incomprensible justificación". Añadió que su existencia "no tiene sentido", es un "proceso paralelo" y busca "un imposible".

Al igual que Aragón y Otano, Urralburu se negó a contestar a las preguntas relativas a la cuenta suiza donde se ingresó la presunta comisión al estar todavía abierta la causa penal, ya que su absolución está recurrida ante el Supremo por la acción popular. El ex presidente recalcó que las responsabilidades políticas están "fuera de tiempo" y las penales ya fueron cumplidas con su estancia la cárcel y la de los restantes acusados. "Esta comisión no puede sustituir a los jueces", apuntó.

Del origen y el paradero del dinero, que desapareció de la cuenta de la que fueron titulares Aragón, Otano y sus respectivas esposas, Urralburu no dijo ni una palabra.

Por la tarde, compareció en la comisión el abogado madrileño Agustín Guardia Palau, quien dijo que los poderes que le fueron otorgados sobre la cuenta suiza por los implicados nunca han sido revocados. Según Aralar, grupo que instó la creación de la comisión, ello puede permitir la reclamación civil para conseguir la devolución del dinero a la Hacienda foral.