UGT traslada a la Fiscalía las irregularidades en Babcock

UGT-Euskadi, sindicato mayoritario en el comité de Babcoo

ck Borsig España, va a remitir a la Fiscalía General del Estado un dossier con toda la documentación que posee sobre las supuestas irregularidades en la aplicación del expediente de regulación de empleo (ERE) a 283 trabajadores, para que investigue si hay indicios de delito. Esas actuaciones, que han favorecido a una decena de sindicalistas, entre otros, se realizaron por dos vías: aumentando de manera ficticia los salarios de los beneficiados antes de ser incluidos en el expediente para su prejubilación, y superando los topes pactados para los complementos que debe financiar la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

ELA ya ha expulsado a dos de sus miembros que admitieron haberse beneficiado por esas vías. El secretario general del Metal de CC OO de Euskadi, Roberto Ortega, negó ayer rotundamente su participación en el fraude. Ortega, que había sido señalado como uno de los beneficiados por los sindicatos LAB y ESK, ha puesto estas imputaciones en conocimiento del Juzgado de Guardia de Bilbao para actuar penalmente contra sus autores. Un portavoz de UGT adelantó que, de ser cierta la implicación de alguno de sus afiliados en este asunto, tendrá que responder ante la Comisión de Garantías del sindicato, órgano encargado de investigar y en su caso depurar irregularidades. También Comisiones ha anunciado que expulsará a los afiliados que hayan participado en el fraude.

La empresa de bienes de equipo se ha gastado el último año 3,7 millones de euros en estudios encargados a diversas asesorías, la mayor parte de ellos sobre el ajuste alboral, según publicó ayer El Correo. Una cifra desorbitada para una empresa en crisis y que subsiste con los fondos aportados por la SEPI. La Federación del Metal de UGT responsabilizó a la dueña de Babcock, la austriaca ATB, de las supuestas irregularidades. Todos los miembros del comité de empresa, salvo los delegados de ELA, se encerraron ayer en las instalaciones de la planta y no saldrán del encierro mientras no se les facilite el listado de las personas beneficiadas por mejoras en las prejubilaciones.

El PP vasco ha pedido al Ministerio de Industria que abra una investigación para aclarar la utilización que ha hecho la empresa Babcock España de los fondos públicos recibidos en el último año de la SEPI.