La Generalitat ofrece 10.000 euros a cada uno de los afectados del Carmel

El Gobierno catalán ofreció ayer a cada uno de los mil afectados por el hundimiento del túnel del metro en el barrio barcelonés del Carmel la cantidad de 10.000 euros, lo que supone un total de 100 millones de euros. Los abogados de los vecinos consultarán la oferta con ellos durante el fin de semana. La Generalitat sustituye así su anterior oferta, de 6.000 euros para cada familia afectada, y dobla la que había planteado durante esta semana, que ascendía a 5.000 euros por persona.

Ésa es la única medida que queda por concretar después de que el Gobierno catalán se comprometiera ayer a garantizar la seguridad de las viviendas durante 15 años. Además, el Ejecutivo inspeccionará los edificios a los seis meses y a los dos y cinco años a partir de la finalización de las obras del metro de la línea 5. Tanto en estas inspecciones como en los estudios geológicos previstos estarán presentes los técnicos escogidos por los vecinos.

En el aspecto económico, las familias cuyas viviendas se deban recimentar o aquellas que por razones psicológicas no puedan volver a su vivienda cobrarán 500 euros por cada mes que estén fuera de casa. El Gobierno de Pasqual Maragall se comprometió igualmente a tasar las viviendas a fecha de 20 de enero, para que no pierdan valor en el mercado. Además, si los afectados quieren vender la vivienda y no encuentran comprador en tres meses, la Generalitat les comprará el piso o les avalará, en caso de que un banco se niegue a darles la hipoteca.

Mientras el diálogo entre Administración y vecinos prosigue, cerca ya de un acuerdo, la comisión de investigación celebró ayer una nueva sesión en la que el autor de los estudios geológicos de la línea 5 del metro, Pere Valero, afirmó que hubiera realizado "como mínimo" dos sondeos en la cola de maniobras, donde se originó el socavón. Otro geólogo, Ramón Pérez, confirmó más tarde en su comparecencia que no se realizó ningún sondeo en la cola de maniobras. Pérez es el responsable de la empresa Tecsol, que llevó a cabo 16 sondeos, ya sobre el proyecto modificado. Pérez explicó que Tecsol trabajó sólo bajo las órdenes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constructora de las obras de ampliación de la línea, y no para la dirección de obras, autora del proyecto modificado. Sobre este proyecto, Pérez dijo que carece de un "estudio geológico", puesto que no lleva firma y se basa únicamente en los sondeos realizados.

Los dos geólogos coincidieron también en insinuar que, de haberse realizado sondeos en el túnel de maniobras, habría sido posible detectar la presencia de una falla paralela al túnel, uno de los asuntos más polémicos de la comisión.