Apuesta interesante, aunque complicada

El Gobierno ha autorizado al Ministerio de la Vivienda la creación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). El fomento del alquiler era uno de los aspectos básicos del programa electoral socialista. Tras la creación de dicha sociedad estatal, el ministerio iniciará una negociación con las comunidades autónomas para determinar el contenido específico de la actividad de la misma. El apoyo al alquiler ha impulsado asimismo otras medidas del Gobierno socialista, como la de que los fondos de inversión inmobiliaria destinen hasta un 20% de su patrimonio a la promoción de viviendas de alquiler.

La vivienda en alquiler alcanzaba sólo al 11,4% de las viviendas principales en 2001. Dicha participación ha descendido constantemente a partir de los años cincuenta. El número de viviendas de alquiler, según el censo de 2001, era de 1,6 millones. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2002 sólo el 9,7% de los hogares españoles residía en viviendas de alquiler. A la vista del número de hogares de España en dicho año, la cifra de viviendas en alquiler debió de ascender en dicho año a 1.360.000, cifra más reducida que la del censo.

La proporción del alquiler en España es la menor dentro de la Unión Europea y también entre los países industriales. Una parte sustancial de las viviendas citadas será objeto de venta en cuanto venzan los plazos de adaptación de los contratos previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1995. Es posible, pues, que la participación citada de las viviendas de alquiler en el conjunto de las viviendas en España continúe descendiendo, de no cambiar significativamente las circunstancias en las que se toma la decisión de comprar frente a la de alquilar.

Se ha indicado que la SPA no dispondrá de una red territorial, sino que generará una "red externa concertada" con ayuntamientos, autonomías, Injuve y API. Respecto del propietario, SPA se encargará de percibir la renta, que pasará al titular, cobrando una comisión (20%), que no podrá ser elevada, a la vista de que los alquileres actuales no son especialmente altos en España.

Se trata de reforzar la oferta de alquiler gestionada por empresas dedicadas a dicho negocio. Son los particulares (85%) los que tienen el mayor peso en la oferta de nuevas viviendas en España, y es muy reducida la presencia de las administraciones públicas (8%) y de las empresas privadas (7%). El Gobierno pretende llevar hasta el 20% la proporción de viviendas de alquiler. El logro de dicho objetivo exigiría un plazo prolongado de tiempo, no inferior a 10 años, a la vista de los ritmos previstos de construcción de nuevas viviendas en España.

Una proporción destacada de los 3,3 millones de viviendas vacías existentes en España podría alquilarse, puesto que parte de las mismas está situada en las áreas metropolitanas. Es posible que la reventa de dichas viviendas resulte crecientemente difícil, ante la imparable oferta de nuevas viviendas en los últimos años.

Sería conveniente, por último, que la creación de la SPA no se enrede en exceso en un debate competencial con las autonomías. Es más que conveniente fomentar una proporción mayor de viviendas de alquiler en España. No es cuestión de que se generen unos supuestos agravios que nada ayudarían a resolver el difícil acceso de los jóvenes a la vivienda, en este caso a través del alquiler.