Roto un polémico pacto de construcción de viviendas para jóvenes almerienses
El convenio urbanístico suscrito, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, entre el Ayuntamiento de Almería y la empresa Anvaco para la construcción de 1.000 viviendas para jóvenes a precio tasado en una parcela de la urbanización de El Toyo se ha roto y la empresa promotora ha decidido solicitar su retirada. La acción responde a la polémica que ha generado el portavoz del grupo socialista, Martín Soler, qien dio un plazo de 24 horas al alcalde de Almería, el popular Luis Rogelio Rodríguez Comendador, para dejara sin efecto el convenio por considerar que se trataba de "un escándalo urbanístico".
El problema, según denunció en su día el delegado de Obras Públicas de la Junta, Luis Caparrós, y en el que insistió ayer Soler, es que la parcela en la que se pretendían construir las 1.000 viviendas está catalogada como de uso comercial y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no permite la construcción de viviendas en ella, ni tampoco su cambio de uso, pues un equipamiento comercial no puede transformarse en residencial aunque sí al contrario.
De hacerse, Caparrós explicó que "se produciría un aumento de aprovechamiento de vivienda en una parcela comercial y supondría una disminución de las dotaciones previstas para zonas residenciales, tales como parques, plazas, campos de golf, parcelas deportivas, educativas y sanitarias".
El portavoz socialista manifestó que los informes técnicos municipales realizados para la firma del convenio han sido, además, "negativos", puesto que "se pretendía cambiar el uso y edificabilidad de tres inmuebles" desafectando dos edificios destinados a uso público (el edificio del 18 de Julio y el cuartel de la Policía Local), y todo ello "sin pasar por lo órganos de decisión municipal".
Por su parte, el alcalde de Almería lamentó que "cuestiones de índole política hayan impedido el proyecto de construcción de un millar de viviendas con precio reducido en la zona de El Toyo" y apuntó que la empresa retira el convenio "a consecuencia de las presiones y críticas levantadas desde otros partidos políticos".
Desde la empresa Anvaco se desmiente por parte del presidente del Consejo de Administración que se solicite la retirada del convenio "por las presiones y acusaciones" y anunció acciones legales "ante quienes se han entrometido en un proceso administrativo iniciado en una exposición pública, sin presentar alegaciones al mismo".
Rodríguez Comendador insistió en su intención de seguir adelante con su política de viviendas para jóvenes y criticó que en "la paralización del proyecto han pesado factores externos al interés de los ciudadanos" y que es fruto de "estrategias políticas" destinadas a "inventar escándalos que ayuden a tapar los casos de corrupción descubiertos en el Ayuntamiento de Sevilla".
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