El nuevo Estatuto catalán obligará a modificar cuatro leyes orgánicas

Cuando la ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ultima ya la redacción en primera lectura, la previsión es que el proyecto obligue a reformar cuatro leyes orgánicas: la del Poder Judicial, la del Régimen Electoral, la de Financiación de las Comunidades Autónomas y la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Muchas menos de las que algunos expertos vaticinaban inicialmente. El borrador del texto que ultima la ponencia propone también traspasos de la gestión de competencias del Estado mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, en cinco grandes asuntos.

El texto de partida, elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos, dirigido por Carles Viver Pi-Sunyer, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, ha tenido un especial cuidado en respetar la Ley Fundamental.

Respecto a los traspasos de competencias, los ponentes de la reforma han redactado ya la proposición de ley orgánica "de facultades de ejecución de la legislación estatal a la Generalitat" que se propone incluir como disposición adicional en el proyecto, de forma que el traspaso se apruebe junto con la propia reforma.

El primero de los cuatro puntos de que consta esta disposición dice que "se transfieren a la Generalitat las facultades de ejecución de la legislación estatal en materia de gestión de puertos y aeropuertos de interés general situados en Cataluña, en materia de telecomunicaciones y gestión del espacio radioléctrico, inmigración y servicios meteorológicos dependientes del Estado situados en Cataluña". Queda por decidir si se incluye también en esta lista las actividades de la marina mercante y del transporte aéreo.

En los otros puntos de la disposición se establece que estas facultades serán ejercidas por la Generalitat bajo los principios de eficacia y de "coordinación y colaboración con la Administración del Estado". La Generalitat queda obligada a "facilitar a la Administración del Estado la información que ésta le solicite" sobre las materias objeto de transferencia. Se precisa también que el traspaso será instrumentado, como todos, mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat.

La reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral sería una consecuencia de la pretensión de convertir a Cataluña en circunscripción para las elecciones europeas. La pretensión de atribuir al presidente de la Generalitat la máxima responsabilidad en materia de seguridad obligaría a reformar la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Laicidad y referéndum

Una de las novedades que la reforma del Estatuto pretende introducir es un título dedicado a derechos y deberes de los ciudadanos que la Generalitat se obliga a garantizar. Los tres grupos de la mayoría parlamentaria progresista existente en el Parlamento catalán han puesto sobre el tapete con fuerza la pretensión de consagrar en este capitulo la laicidad de la enseñanza pública. En el primer punto del artículo de este capítulo dedicado a la educación se dice: "Todas las personas tienen derecho a la enseñanza pública, laica y de calidad, y a acceder a ellas en condiciones de igualdad. La Generalitat establecerá un modelo educativo que garantice este derecho".

Pero esta es una de las cuestiones sobre las que aún no hay acuerdo y se pronostica que será conflictiva. Ha chocado contra CiU y PP. Para la aprobación de la reforma se requieren los votos de dos tercios de la Cámara, mayoría sólo asequible con la participación de CiU.

Otro de los asuntos políticamente conflictivos es la convocatoria de referendos. Se propone traspasar a la Generalitat las facultades de gestión del Estado en esta materia. Hasta aquí todos están de acuerdo. Pero los socialistas y el PP quieren que se especifique que la Generalitat podrá convocar las consultas populares sólo "sobre las materias de su competencia exclusiva".

Con ello se persigue evitar la eventual formulación de una consulta relativa a la soberanía, que constituye una de las preocupaciones de socialistas y populares frente a quienes invocan el derecho de autodeterminación.