Aguirre intenta frenar la pérdida de 1.900 millones en ayudas europeas

La Comunidad de Madrid recurrirá ante la UE la clasificación de Mintra (la empresa regional que financia la ampliación del metro) como empresa pública -medida que incrementó de un plumazo el endeudamiento de la Comunidad de 6.000 a 9.000 millones de euros-, según anunció ayer en Bruselas el consejero de Presidencia, Francisco Granados. Éste había acudido a entrevistarse con la comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, ante la que manifestó su preocupación por la eventual pérdida por Madrid de 1.900 millones en fondos comunitarios entre 2007 y 2013.

Danuta Hübner dijo a Francisco Granados que buscará soluciones y subrayó que Madrid está muy bien situada para beneficiarse del futuro énfasis europeo en la investigación y las nuevas tecnologías.

Bruselas está resultando dura este año para la Comunidad de Madrid, cuyas cuentas recibieron en febrero un varapalo de Eurostat, el organismo estadístico que también interpreta el modo de hacer contabilidad de los Estados. Eurostat llegó entonces a la conclusión de que Mintra era una empresa pública -entre otras cosas, porque más de la mitad de sus costes no están cubiertos con fondos propios- y que por ello su deuda es atribuible a la Comunidad de Madrid. Mintra es la empresa propietaria de las infraestructuras de metro en la región.

Granados arremetió ayer contra el Gobierno español por no defender ante Eurostat los criterios contables de los que se benefició en 2003 la Comunidad de Madrid, cuando Mintra fue considerada por Eurostat una empresa de mercado. El organismo europeo ya advirtió entonces de que esa clasificación era provisional a la espera de información adicional. Cuando ésta llegó, cambió la consideración, y con ella, los números.

Contra tal decisión va a plantear recurso la Comunidad. "El recurso lo están estudiando los servicios jurídicos y cuando esté preparado se presentará", anunció Granados. Como todo el proceso llevará años y Madrid no puede esperar de brazos cruzados ni parar "el proyecto de infraestructuras más importante de España", el Gobierno regional "trabaja en vías alternativas de financiación del metro".

"Lógicamente, por una decisión de este tipo no podemos parar la construcción del metro", expresó Francisco Granados, por lo que anunció que su Gobierno está buscando fórmulas para que los gastos de Mintra no se contabilicen como deuda pública.

Mintra y su contabilidad no son responsabilidad de la comisaria Hübner, ante la que Granados manifestó otra preocupación: las consecuencias para Madrid de perder, a partir de 2007, el 64% de las ayudas europeas que la Comunidad ha recibido desde 2000 y hasta 2006. Los 2.967 millones de euros llegados de Bruselas en este septenio quedarán reducidos a 1.067 en el periodo 2006-2013 (según cálculos del Gobierno regional). Esto se debe a que los 10 nuevos países socios del club europeo, con menor renta que la media de la UE, van a recibir buena parte de los fondos que ahora se repartían 15 miembros, y algunas regiones ricas, como Madrid, perderán fondos a favor de otras regiones más pobres. Fuentes próximas a Granados dijeron que la intención del consejero era "presionar a la comisaria desde el punto de vista de la comunidades autónomas".

Hübner, que recientemente estuvo en Madrid y Sevilla para conocer la situación sobre el terreno, dijo comprender el dilema que se le plantea a Madrid y expresó a Granados su voluntad de buscar soluciones, según señaló su portavoz, Ana-Paula Laissy. "Le dijo que hay dos buenas noticias para Madrid", comentó la portavoz. Una es que las limitaciones vigentes hasta ahora para que las zonas ricas, como es Madrid en el contexto europeo, no puedan recibir ciertas ayudas van a desaparecer.

Fondo social

La otra buena noticia es que, con la prioridad que se va a dar a la inversión europea en alta tecnología entre 2007 y 2013, "Madrid está en muy buena situación y es seguro que se podrán aumentar los fondos en nuevas tecnologías e investigación". Hübner no ofreció a Granados cifras concretas.

El consejero madrileño planteó asimismo a la comisaria la transferencia de la gestión del Fondo Social Europeo -ahora controlado por los Estados- a las comunidades autónomas, ya que las políticas de empleo son competencia de las administraciones autonómicas. "Nos gustaría gestionar el fondo social y ese tipo de cuestiones", dijo Granados, que mostró la preocupación del Ejecutivo regional por el efecto frontera, por el que compañías instaladas en Madrid se trasladan a comunidades colindantes atraídas por sus bajos costes. "Estos efectos se agravarían si desapareciera este tipo de ayudas", advirtió el consejero.