Esclavas del siglo XXI

En 1909 las autoridades uruguayas se pusieron en contacto con el ayuntamiento de Vigo para que el Consistorio municipal advirtiera a las emigrantes gallegas que se disponían a cruzar el Atlántico con la esperanza de empezar una vida mejor que muchas de las que les habían precedido lo habían hecho engañadas y se dedicaban a la prostitución. Este ejemplo no es un hecho aislado. Buena parte de las prostitutas de mitad del siglo pasado de Francia o Alemania eran también gallegas. Pero no sólo en destinos extranjero. También representaban una importante cuota en los burdeles catalanes en pleno aluvión de inmigrantes. Ana Mínguez, abogada y miembro de la Asociación Alegrin de Vigo que se dedica a la atención de las prostitutas, echó mano ayer a la historia para relatar, poco antes del inicio de la sesión de ayer, la estrecha relación entre la inmigración y la prostitución que ayer se abordó en las XI Jornades de debat Inmigració, diversitat i democràcia, que se celebran en el Colegio Mayor Lluis Vives.

Mínguez destacó el cambio de escenario que se ha producido en la prostitución ante el aumento de peso de las inmigrantes. "Suponen ya el 98% o 99% de todas las chicas", apuntaba ayer. Las españolas son una pequeña porción de mujeres con problemas de drogodependencia o personas que residualmente siguen dedicándose a lo que ha sido su fuente de ingresos durante toda la vida: "En Orense hay dos mujeres de 80 años que siguen en ello", rememoraba la abogada gallega. Pero la gran mayoría son las que Mínguez retrata como las "esclavas del siglo XXI". Son mujeres explotadas que salen de países donde la feminización de la pobreza está fuertemente marcada y llegan en la mayoría de las veces, engañadas y forzadas. "La prostitución es una forma más de violencia contra la mujer, el exponente más claro de la violencia contra las mujeres", sostuvo. Por ello, se mostró rotundamente en contra de su regulación: "Regular la prostitución sería regular la violencia contra las mujeres". La presidenta de la asociación Alecrin destacó el éxito alcanzado en Suecia gracias a la legislación que persigue al "cliente-prostituidor" y que ha conseguido un descenso del 80% de la actividad, frente a otras políticas, como la emprendida por Holanda en 2002 en la que la regulación llevó aparejada el reconocimiento de derechos laborales. "De 30.000 prostitutas apenas 912 se han dado de alta en la Seguridad Social y detrás de ellas están redes mafiosas", apuntó. Unos resultados que han llevado a las organizaciones feministas que apoyaron la medida a "dar marcha atrás". Mínguez se mostró a favor de modelos como el aplicado en Suecia, que "no supone ir en contra de las prostitutas" sino centrarse en la raíz del problema, que está en los clientes y los proxenetas.

La profesora de Filosofía del Derecho Ruth Mestre destacó la criminalización que sufre toda inmigración que no se ajusta a los patrones establecidos por el Estado que liga la llegada de personas a necesidades laborales muy específicas fijadas a través de acuerdos con sindicatos y trabajadores. Esto supone la entrada limitada de trabajadores por este conducto, generalmente hombres, y deja fuera ámbitos como la prostitución, pero también el servicio doméstico, que se ven abocados a funcionar al margen de la ley.