Más de 450 ayuntamientos, la mayoría de CiU, ocultaron a la sindicatura si firmaron contratos con Europraxis

Un total de 455 ayuntamientos catalanes, la mayoría (62,19%) gobernados por Convergència i Unió (CiU), ignoraron los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas y omitieron concretar si firmaron algún contrato con las empresas Indra y Europraxis, vinculadas a un hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. El informe de fiscalización fue un encargo del Parlament después de que se desvelara que Europraxis, en cuyo accionariado figuraba Josep Pujol Ferrusola, asesoró a la firma Lear en el cierre de la planta de Cervera.

Los socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, entonces en la oposición, exigieron clarificar si las administraciones catalanas beneficiaron de alguna manera con contratos a las empresas relacionadas con Europraxis, adquirida posteriormente por Indra, una multinacional especializada en tecnologías de la información.

La Sindicatura de Cuentas exigió a todas las administraciones catalanas y empresas públicas los contratos que sellaron con Indra y sus filiales desde 1996 a 2002. Pero los síndicos no pudieron completar su trabajo porque la mayoría de los ayuntamientos catalanes y mancomunidades de municipios hizo caso omiso de estos requerimientos y no enviaron sus respuestas. En total son 455, 283 de los cuales con alcaldes de CiU; 79 del Partit dels Socialistes; 65 independientes; 15 de Esquerra Republicana; 7 de Iniciativa per Catalunya y 6 del Partido Popular.

Entre estos ayuntamientos figuran Lleida, Sant Cugat, Cerdanyola, Esplugues, Sant Feliu, Vic, Tortosa, El Vendrell, Sitges, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Feliu de Guíxols, Castellar del Vallès, Esparraguera, Amposta y Banyoles.

Por este motivo, la sindicatura reclama al Parlament la necesidad de instaurar algún tipo de medida coercitiva para aplicar a las entidades que no cooperen con este organismo, ya que actualmente sólo se puede acudir a la justicia denunciando por la vía penal un delito de obstruccionismo.

El informe de la sindicatura, elaborado por los anteriores síndicos pero aprobado por los actuales, presididos por Joan Colom, no advierte graves irregularidades en los contratos, salvo alguna deficiencia administrativa. Por ejemplo, cita fraccionamientos de contratos para evitar procedimientos de adjudicación más restrictivos, contratos negociados sin publicidad excusándose en una urgencia imprevisible o inexistente.

Sin embargo, las deficiencias son mayores en el caso del Instituto Catalán de la Salud, que no ha facilitado 12 de los 23 expedientes requeridos, con un valor total de 195.123 euros (32,5 millones de pesetas) alegando que los archivos se habían destruido por su antigüedad. La sindicatura alerta que esta maniobra supone vulnerar la legislación sobre la organización y la gestión de los archivos de la Generalitat.

Respecto a la Administración local, el informe cita un contrato de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, que contrató directamente servicios con empresas del grupo Indra por valor de 369.904 euros "sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia".

Por su parte, un portavoz de la empresa Indra manifestó que el informe ha sido redactado por un organismo fiscalizador independiente, por lo que la sociedad no tiene nada que aportar al caso.