El juez ordena la apertura de juicio oral contra el ex regidor de Rincón

La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra José María Gómez Muñoz, ex alcalde de Rincón de la Victoria, por encontrar indicios de un posible delito de falsedad documental. Gómez fue acusado por una funcionaria de manipular un sello municipal para registrar unos terrenos a nombre de su familia. El fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa.

José María Gómez Muñoz, Pepín, ex alcalde por el PP, partido del que fue expulsado, y actual concejal de la oposición, tendrá que afrontar un proceso por el caso de Los Jarales, un culebrón que mezcla política y ambiciones urbanísticas. El auto dictado por la magistrada Carmen Pilar Caracuel el pasado 22 de marzo acuerda la apertura del juicio oral, solicitada por la acusación particular, "toda vez que revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de delito, (...) no resulta aplicable el supuesto de sobreseimiento alegado" por el fiscal.

El ministerio público entiende que al no existir el "cuerpo del delito", es decir, el documento sellado por Gómez, ya que la funcionaria que le sorprendió con él lo destruyó, "se carece del elemento necesario para la continuación de las actuaciones". "Aún admitiendo que existen pruebas que permiten deducir el intento de manipulación por el denunciado alterando las fechas de entrada del mentado registro", alega el fiscal, "el delito de falsedad obedece a un bien jurídico claro y determinado, cual es proteger la fe y la seguridad en el tráfico jurídico". Por tanto, al destruirse dicho documento, no hay perjuicios para los interesados.

El abogado defensor de Gómez, Samuel Huesca, considera que la petición del fiscal "debe traducirse en el juicio en la libre absolución" del ex alcalde.

Las acusaciones particulares disienten. "No es la primera vez que un fiscal pide el sobreseimiento y la persona sale condenada", dice Francisco Salado, concejal del PP, que pide una pena de un año de prisión con suspensión de cargo público. Su socio en el Consistorio, el alcalde, José Domínguez Palma (PSOE), entiende que el hecho se produjo, y por tanto el delito, aunque sea en grado de tentativa. El Ayuntamiento pide tres años de prisión e inhabilitación. Un posible propietario de la finca de la discordia pide siete años de prisión e inhabilitación, y añade el delito de estafa.

Según la denuncia, el pasado cinco de agosto la funcionaria del registro municipal sorprendió a Gómez utilizando el sello, al que había variado su fecha al 15 de junio, para sellar unos documentos e inscribir a su familia como propietaria de la finca Los Jarales, valorada en nueve millones de euros. A raíz de la denuncia, al terreno le han salido hasta diez pretendientes.