PA y PP impiden que la edil de Hacienda de Sevilla les informe sobre el 'caso de las facturas'

Los dos grupos de la oposición del Ayuntamiento de Sevilla, PP y PA, se negaron ayer a que la edil de Hacienda les informara de las primeras conclusiones de la auditoria interna que investiga las irregularidades en el distrito Macarena. El órgano elegido por el gobierno para la comparecencia de Inmaculada Muñoz fue la Comisión de Descentralización, que estudia la nueva división en distritos de la ciudad, pero según PP y PA éste no es el sitio idóneo para hablar de las facturas falsas. PSOE e IU coincidieron en que la oposición está más interesada en "montar escándalo" que en recibir información.

La Comisión de Descentralización se creó este mandato para llevar a cabo la nueva ordenación en distritos de la ciudad. Este objetivo se alcanzó el año pasado, pero tras la última de las comisiones, la oposición pidió que el órgano siguiera en funcionamiento para pasar revista periódicamente a los problemas de los distritos.

El orden del día de la reunión que se celebró ayer incluía la comparecencia de la edil de Hacienda, a la que la delegada de Participación Ciudadana y presidenta de la comisión, Paula Garvín (IU), invitó para que expusiera los últimos avances de la auditoria interna que investiga las irregularidades.

Pero cuando Inmaculada Muñoz se disponía a tomar la palabra, populares y andalucistas se negaron a que lo hiciera y la edil de Hacienda se salió de la reunión con la documentación sobre las investigaciones. Minutos después, la oposición se quejaba de la falta de información sobre la auditoria interna. "No tenemos ninguna noticia de las supuestas investigaciones que está haciendo el gobierno", advirtió el portavoz adjunto del PA, Rafael Carmona, cuya compañera de grupo, Paola Vivancos, aseguró que la oposición quiere conocer los datos del gobierno, pero que el órgano elegido no era el adecuado. "Han pretendido convertir una comisión técnica en una comisión de investigación", señaló Vivancos, quien emplazó a los socialistas a comparecer en el pleno o a contestar por escrito las peticiones de información que ha formulado la oposición.

Los andalucistas también se muestran cada día más partidarios de la comisión de investigación, cuya creación solicitará el PP en el próximo pleno. Según el edil popular Ricardo Villena, uno de los representantes del PP en la reunión de ayer, el gobierno intentó usar la comisión de descentralización "para tapar sus vergüenzas".

Tras lo ocurrido, PSOE e IU se mostraron convencidos de que el único objetivo de la oposición es estirar la crisis. Paula Garvín se reconoció "profundamente decepcionada" por que la labor de la oposición se base en el "escándalo". "Por lo que he visto esta mañana, creo que la oposición no tiene ningún interés en que se investigue nada", dijo. En la misma línea se pronunció el portavoz socialista, Francisco Fernández, quien advirtió de que la oposición parece "tener miedo" a que la investigación avance y se acabe "el circo mediático que pretenden montar".

Respecto a los avances de la investigación interna, la delegada de Hacienda explicó que el Ayuntamiento ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo la incorporación de un aparejador que pueda "certificar y dar su opinión técnica sobre las obras" que se están investigando. Tras este primer análisis, el gobierno convocará a las empresas y abrirá un periodo de alegaciones.

Por otra parte, el PSOE de Sevilla presentó en el juzgado de guardia la denuncia contra Javier Arenas y Paola Vovancos. Al primero le acusan de imputar a los socialistas prácticas corruptas. En la querella criminal se incluyen afirmaciones recientes de Antonio Sanz, Juan Ignacio Zoido o Jaime Raynaud. Varios dirigentes populares afirmaron ayer compartir las acusaciones de Arenas y retaron al PSOE a querellarse contra ellos. En el caso de Vivancos, la denuncia incluye declaraciones extraídas de artículos periodísticos en los que la edil andalucista acusa al PSOE de delito electoral.

Las irregularidades del distrito Macarena llegaron ayer al Senado, donde la senadora del PP y ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, preguntó si el Gobierno va a pedir que actúe la Fiscalía Anticorrupción. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que el Ejecutivo "ve con respeto" las actuaciones de la fiscalía sevillana pero que "no es su función ordenar ni prohibir" al Ministerio Fiscal que intervenga en asuntos concretos. El ministro recordó además las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento para investigar el caso.