Un deseo que debe cumplirse

Evitar la fractura digital es una prioridad y un objetivo de la Generalitat de Cataluña. El Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI), como responsable de la política de telecomunicaciones y sociedad de la información dentro del Gobierno, trabaja para conseguir que las infraestructuras y los servicios lleguen en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde vivan y a unos precios razonables. Es decir, que sean universales, accesibles, equitativos y asequibles.

Actualmente, el acceso a los servicios de telecomunicaciones es un derecho de los ciudadanos. Hasta ahora sólo la voz fija (teléfono fijo) y un acceso muy limitado a Internet están regulados y forman parte, entre otros, del paquete básico de servicios universales. Un nuevo servicio universal de telecomunicaciones debe incluir servicios de telefonía fija y móvil, acceso a los medios audiovisuales y a Internet, porque estos nuevos medios permitirán a los ciudadanos acceder a la información, la formación y la cultura.

El elemento clave para avanzar hacia este nuevo modelo es el despliegue de infraestructuras que permitirán la llegada de estos servicios a todo el país, más allá de la tecnología concreta que se utilice. El Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones (PDIT) da respuesta a este reto y se complementa con el Plan Director de Servicios y Contenidos, que se centrará más en las aplicaciones, el acceso y la formación. No obstante, sin la colaboración entre el sector público y el privado no será posible que Cataluña se incorpore plenamente a la Sociedad del Conocimiento. Desde la responsabilidad del Gobierno, impulsaremos decididamente la parte pública, pero también dedicaremos esfuerzos para promover iniciativas que faciliten un incremento de la inversión por parte del sector privado. ¿Pero cómo va a afectar a los ciudadanos la ejecución del PDIT? Las iniciativas que se desarrollarán hasta 2008 facilitarán el acceso a la banda ancha a 2 MB al 100% de los ciudadanos, y el 80% de la población podrá navegar a 10 MB. En esta línea, se pretende garantizar que dos de cada tres viviendas catalanas dispongan de conexión a Internet y que casi la mitad de estas conexiones sea en banda ancha. En cuanto a las empresas, el 100% podrá acceder a Internet de alta velocidad y el 80% de las empresas, con más de 10 trabajadores, dispondrá de una conexión de 100 MB. En cuanto a las administraciones públicas, todos los ayuntamientos dispondrán de banda ancha, el 100% de los municipios tendrá cobertura de telefonía móvil y de los servicios públicos de radiodifusión.

El Gobierno catalán destinará más de 500 millones de euros para desarrollar todas estas iniciativas, y otras muchas, con el único objetivo de situar a Cataluña entre los cinco países europeos más avanzados en el ámbito de la Sociedad del Conocimiento. Ahora sólo nos queda continuar trabajando, en colaboración con todos los sectores implicados, para que este deseo se haga realidad.

Carles Solà i Ferrando es consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información.