El PP de Marbella denunciará en Anticorrupción un convenio de permuta ilegal firmado por el Consistorio

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer que denunciará "de forma inmediata" ante la fiscalía anticorrupción un convenio firmado por el equipo de gobierno de Marisol Yagüe con la empresa Construcciones Brick 2.000 S.L., que podría constituir un delito de prevaricación. El acuerdo contempla la permuta de dos áticos de propiedad municipal en una urbanización de lujo y en primera línea de playa a cambio de un local situado en el sótano de un edificio. La operación cuenta con los informes contrarios del secretario y del interventor municipales, así como de la Junta de Andalucía.

Este local de 1.192 metros de superficie y situado en la urbanización Nueva Andalucía perteneció con anterioridad al municipio. En mayo de 2003, el Ayuntamiento presidido por Julián Muñoz entregó este inmueble a Construcciones Brick junto a otros dos áticos en Banana Beach y una vivienda en el Edificio Napoleón a cambio de varias obras y reformas en el término municipal. Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento ha pagado un alquiler para utilizar el local como almacén.

Sin embargo, Construcciones Brick y el Consistorio suscribieron un convenio el 1 de octubre de 2004, hecho público ayer por el PP, para permutar el local -sobre el que pesa un embargo de 632.264 euros más otros 41.400 correspondientes a las costas, intereses y gastos- por dos áticos de lujo situados en la urbanización Lunamar, de Las Chapas. Esta operación cuenta con los informes en contra del secretario y del interventor municipales. Según el interventor, Juan Antonio Castro, la empresa a la que se encargó la tasación pericial de los áticos, Mora Igeño Gestor Inmobiliario en Promociones y Edificaciones, "no tiene la condición de funcionario de este Ayuntamiento, por lo que debe garantizarse las valoraciones de bienes con la incorporación de informe emitido por funcionario municipal".

En enero de 2005, la Junta de Andalucía remitió también un escrito al Ayuntamiento en el que le advertía de que la permuta no se ajustaba a la legalidad vigente, y recordaba a la alcaldesa que la enajenación de bienes patrimoniales debe realizarse siempre mediante subasta pública y acreditar su necesidad. En el documento se hace referencia a los informes del secretario y el interventor municipales. "La valoración de los bienes se ha encargado por el Ayuntamiento a una persona ajena a la función pública local, por lo que no queda garantizada la objetividad, imparcialidad e independencia de la valoración", concluye la Junta en su informe.

La portavoz popular acusó al actual equipo de gobierno de utilizar la misma táctica que el que existía en época de Jesús Gil, al "favorecer a terceros y perjudicar de manera ruinosa los intereses del municipio". "Nos volvemos a quedar con un local embargado a cambio de dos áticos. Esto no puede tener otro destino que Anticorrupción", concluyó.