España, Francia, Alemania y Bélgica conectan sus registros de antecedentes penales
El sistema informático facilitará el intercambio de información judicial de forma rápida
Francia, España, Alemania y Bélgica tendrán conectados, antes de final de año, sus registros de antecedentes penales. Los ministros de Justicia de los cuatro países presentaron ayer en París este nuevo instrumento de cooperación que se quiere extender al espacio de Libertad, Justicia y Seguridad de la Unión Europea (UE) para "impedir el turismo de delincuencia", en palabras de la ministra belga Laurette Onkelinx. El sistema conecta entre sí los registros de antecedentes penales de cada país a través de la red europea de comunicación segura TESTA, ya existente.
El sistema tiene la ventaja de que no exige ningún cambio en la legislación de los países que la integran porque evita la creación de un registro único y mantiene el principio de "centralización" de cada uno de los registros.
El ministro francés Dominique Perben explicó que el objetivo de este sistema es facilitar el intercambio de información entre los sistemas judiciales de forma "rápida, completa e inmediatamente comprensible". La idea surgió a principios de 2003 cuando se celebró en el palacio del Elíseo el 40º aniversario del Tratado franco-alemán. España se sumó en noviembre de ese mismo año y Bélgica un año más tarde. Polonia podría ser el próximo miembro de este club, dado que ya participó en la última reunión de trabajo. Letonia, Malta y Austria han mostrado su interés en sumarse al proyecto.
El sistema presentado ayer en París está basado en un programa informático que facilitará el acceso de las autoridades judiciales de cada país a todas las condenas penales firmes pronunciadas contra cualquier individuo francés, alemán, español o belga en cada uno de los países. El nuevo sistema, que estará en funcionamiento antes de fin de año, permitirá reducir los hasta ahora largos trámites de semanas o meses para obtener información a entre uno y dos días. Según Perben, los datos que ahora mismo se encuentran en los cuatro registros suponen el 40% de la UE.
El titular de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, calificó el proyecto de "pionero" y destacó que se trata de una herramienta "económica, barata, accesible, pragmática y funcional" para luchar contra la impunidad. "Puesto que la delincuencia no conoce fronteras, la cooperación judicial tampoco", dijo. El ministro español explicó que el proyecto evita la creación de un único registro europeo, una solución que despertaba muchas reticencias tanto en españa como en Alemania. López Aguilar aprovechó para hacer una defensa del proyecto de Tratado Constitucional europeo que debe someterse a referéndum en Francia dentro de ocho semanas. "Europa sirve, es útil, resuelve problemas que no pueden ser acometidos en solitario por sus Estados miembros para combatir la criminalidad", dijo.
Sólo datos necesarios
La alemana Brigitte Zypries insistió en la importancia de la protección de los datos personales. "No vamos a almacenar más datos de los estrictamente necesarios", dijo. Todos los ministros alabaron el programa informático en el que se basa el programa, que no sólo traduce automáticamente las fichas de un idioma a otro sino que también traduce los conceptos judiciales diferentes de cada legislación. Los expertos jurídicos han identificado 40 familias de infracciones comunes en sus sistemas para automatizar la traducción lingüística y jurídica
A medio plazo, el proyecto abre también una nueva vía para la armonización de los sistemas jurídicos europeos, ya que pone sobre la mesa la valoración de los delitos y, especialmente, la cuestión de la prescripción de los delitos y la cancelación de los registros penales que varía en cada país. En sentido contrario, permite a las autoridades judiciales y penales detectar los casos de reincidencia.
La ministra de Justicia belga, Laurette Onkelinx, explicó las razones por las que su país había decidido sumarse al proyecto. El caso del asesino en serie francés Michel Fourniret, que pudo escapar a la vigilancia judicial y policial simplemente moviéndose en un área muy reducida en torno a la frontera fanco-belga, provocó un gran debate social y mostró la necesidad de disponer de los antecedentes penales y las condenas firmes de los criminales.
Onkelinx apuntó la posibilidad de que para determinados trabajos, como por ejemplo la enseñanza a menores, las Administraciones educativas tengan acceso al registro de penales antes de contratar a su personal.
