Prohibido ejecutar (demasiado)

Cuando China adoptó la Ley Criminal en 1979, la intención de los parlamentarios era limitar la aplicación de la pena de muerte, en línea con las instrucciones de mesura defendidas por Mao Zedong, fallecido tres años antes. El fundador de la República Popular, a quien no le temblaba el pulso cuando se trataba de desembarazarse de sus oponentes, lanzó una advertencia sobre la pena capital: "Matar indiscriminadamente es erróneo; sólo conseguiría que el partido pierda simpatía, se distancie de las masas y caiga en el aislamiento".

La política de contención se convirtió en la base para la política de aplicación del castigo máximo. Pero las reformas de Deng Xiaoping se llevaron el principio por delante, y durante las dos décadas que siguieron las autoridades han empleado de forma masiva la pena capital.

Pekín parece querer regresar a la doctrina anterior, abandonada para luchar contra la ola de crímenes y delitos económicos que trajo el proceso de apertura y reforma. El Gobierno ha puesto en marcha una reforma del sistema judicial para que el Tribunal Popular Supremo recupere la última palabra en todas las sentencias de muerte, una prerrogativa que cedió a principios de los años ochenta a favor de los altos tribunales provinciales y para determinados delitos. El objetivo, según el primer ministro, Wen Jiabao, es "instituir un sistema efectivo que garantice que la pena máxima es dictada de forma justa".

Las organizaciones de derechos humanos afirman que el proceso que conduce cada año a la muerte a miles de presos en China está plagado de irregularidades. Amnistía Internacional (AI) sostiene que los derechos de los acusados son violados desde su detención hasta la ejecución, en muchos casos siendo inocentes. Y ofrece ejemplos: a menudo se niega la asistencia legal inmediata a los detenidos, que a veces son torturados o maltratados -incluso en presencia de los jueces- para extraer confesiones que luego son utilizadas en su contra, y que las apelaciones son decididas a menudo por el mismo tribunal que ha dado el visto bueno a la sentencia, lo que en la práctica anula el recurso.

"En China hay muchos errores judiciales. La gente que se enfrenta a una condena a muerte no tiene garantizado un juicio justo", afirma Mark Ellison, investigador para China de AI. La organización afirma que el sistema judicial chino no sólo "incumple continuamente los estándares internacionales de derechos humanos", sino también sus propias leyes. "Es posible que sea ejecutada gente de forma errónea casi a diario", asegura.

¿Cuánta gente es ajusticiada cada año? "Imposible saberlo", responden las organizaciones de derechos humanos, pues Pekín considera que ese dato es secreto de Estado. Amnistía contabilizó 2.468 casos en 2001; 1.060 en 2002, y 726 en 2003. Tomó como fuente los datos publicados en la prensa local. Irán siguió a China como mayor verdugo con 108 muertes en 2003, y en tercer lugar Estados Unidos, con 65. El total mundial fue de 1.146. AI advierte de que las cifras reales de China son "muy superiores" y que su registro sólo refleja la evolución del número de penas que las autoridades hacen públicas "de forma selectiva".

Según Human Rights in China (HRIC), "una estimación prudente es más de 10.000 anuales", basada, entre otros, en encuestas sobre el terreno. En 2003, una fuente judicial situó la cifra en más de 5.000, según la ONG italiana Hands Off Cain. Y en marzo de 2004, Chen Zhonglin, diputado de la Asamblea Popular Nacional y director de la Academia de Derecho en la Universidad de Chongqing, aseguró que China ejecuta cada año a "casi 10.000 personas". "Las cifras son demasiado grandes. Por eso, Pekín las considera un secreto de Estado y no las revela. Serían demasiado vergonzosas", explica Nicolas Becquelin, director de investigación de HRIC en Hong Kong.

Si en 1979, veintinueve crímenes podían conducir a la pena capital, hoy son 68, la mayoría no violentos; algunos con definiciones tan vagas como "poner en peligro la seguridad nacional", "entregar secretos de Estado al extranjero" o "dividir la nación".

Pero también fraude fiscal, producción de moneda falsa, corrupción, contrabando, proxenetismo e, incluso, matar un panda pueden llevar al acusado a recibir una bala en la nuca o una inyección letal; un método, éste último, que ha sido calificado por las autoridades de "progreso social" tras su aprobación en 1997.

El debate sobre la reforma legal ha sido recogido ampliamente en la prensa china, y algunos profesores de Derecho han elevado la voz a favor de la eliminación de la pena máxima. El Ministerio de Justicia ha afirmado que la clave para reducir el número de ejecuciones es reformar el sistema de castigos y alargar las sentencias hasta 30 años.

¿Significa esto que Pekín camina hacia la abolición? "La posición del Gobierno

[en los foros sobre derechos humanos] es que la supresión de la pena de muerte es la meta final, pero en el futuro. Porque, según dicen, las condiciones actuales del país no son adecuadas", señala Becquelin. Mientras tanto, China ha decidido ejecutar menos, y con prudencia.