El fiscal pide 11 años de cárcel para Antonio Camacho, máximo responsable de Gescartera

El fiscal adscrito a Anticorrupción Vicente González Mota presentó ayer la calificación del caso Gescartera, en la que pide 11 años de cárcel para el máximo responsable del grupo, Antonio Camacho, y el director general, José María Ruiz de la Serna, y 8 años para la ex presidenta Pilar Giménez-Reyna. Según el fiscal, entre los 14 acusados de Gescartera montaron un "carrusel defraudatorio" con el que se apoderaron de un total de 8.356 millones de pesetas (50 millones de euros), pertenecientes a 4.005 clientes. El fiscal reclama la responsabilidad civil, entre otros, de la Caixa y Caja Madrid Bolsa.

En su escrito de calificación, entregado ayer en la Audiencia Nacional, pide la apertura del juicio para un total de 14 acusados, los dos bancos citados y demás responsables civiles por un fraude de 50 millones de euros desarrollado durante más de 9 años, entre enero de 1992 y el 14 junio de 2001, en que Gescartera fue intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Durante ese periodo, Camacho, Ruiz de la Serna y los demás responsables del entramado constituyeron diversas sociedades y pusieron en práctica "un sistema operativo fraudulento" que les permitió hacer suyo el dinero o valores entregados por los clientes manteniendo, con parte de ese mismo dinero, el montaje que daba garantía ficticia de solvencia al grupo. Así, los acusados se apoderaban de sucesivas remesas de dinero o valores a modo de una "cadena sin fin" defraudatoria.

La sociedad a través de la cual se apoderaron y dispusieron del dinero fue Gescartera Dinero, constituida en 1992 por Antonio Camacho, que contaba con un 76,77% de las acciones y en torno a la cual se creó una red comercial a través de la que captaban dinero de los clientes prometiéndoles altas rentabilidades.

Según el fiscal, los fondos no se usaban para efectuar inversiones a nombre de los clientes, sino que se usaban para lucrarse de ellos personalmente, para mantener la infraestructura necesaria para poder seguir operando y en algún caso para efectuar reembolsos a clientes que demandaran retiradas totales o parciales de sus fondos. En definitiva, con los fondos de un cliente se atendían las desinversiones de otro, de tal manera que pese a lo acordado con el cliente en el contrato de gestión, el dinero no se invertía, sino que se usaba para mantener en funcionamiento a Gescartera y ocultar la apropiación de fondos que hacían los acusados.

Para poder operar en bolsa se transformó Gescartera en agencia de valores y se nombró presidenta a Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, del Gobierno del PP, Enrique Giménez-Reyna, quien tuvo que dimitir al destaparse el escándalo. Entre otros clientes captaron a la ONCE, uno de cuyos directivos, Miguel Pichel, fue nombrado consejero delegado; el Servicio de Seguridad Social de la Armada, los arzobispados de Burgos y Valladolid y otras instituciones religiosas.

Los acusados tampoco invertían en valores el dinero de los clientes sino que se limitaban a pagar las comisiones por intermediación de las órdenes de compra y venta de títulos, entregando soportes de las aparentes ganancias a clientes reales y cargando las pérdidas a testaferros.