La Abogacía del Estado no avaló actuaciones de los ex delegados de la Zona Franca

La Abogacía del Estado no avaló "en ningún momento" los contratos millonarios que el ex delegado del PP en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro firmó en 2000 con Miami Free Zone para crear una red informática que no existe y tampoco emitió ningún informe contrario para poder anular este contrato, como adujo el también ex delegado popular Miguel Osuna para justificar que mantuvo los pagos que inició su antecesor.

Son las dos principales conclusiones de la Abogacía del Estado en las respuestas que ofreció a un cuestionario planteado hace tres meses por EL PAÍS. Estas contestaciones cobran actualidad de nuevo después de que la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez, haya pedido al Abogado del Estado un informe para evitar que la Zona Franca se querelle contra Osuna.

Teófila Martínez ha remitido un escrito urgente a la Abogacía del Estado en el que solicita que emita un informe sobre las responsabilidades de Osuna en la supuesta gestión irregular y actividades presuntamente delictivas detectadas por la Abogacía y la Intervención General del Estado en este organismo. Con este documento, el PP quiere evitar a toda costa que la Zona Franca decida querellarse contra Osuna.

Contratos polémicos

Sin embargo, en esta pretensión, Martínez se topa con dos opiniones contrarias manifestadas ya por la Abogacía del Estado. En su último informe, la Abogacía y la Intervención General del Estado cuestionan los polémicos contratos de 6,8 millones de euros que pagó la Zona Franca en 2000 y 2001 a Miami Free Zone y Telvent Interactiva por material informático que, según un peritaje realizado por un departamento de la Universidad de Sevilla, tiene un precio que apenas alcanza 2 millones de euros. La Abogacía del Estado exigía esta valoración "con carácter previo al ejercicio de acciones contables o penales contra los gestores de Rilco -sociedad mayoritaria de la Zona Franca, dirigida por aquel entonces por Rodríguez de Castro y Osuna-".

Asimismo, la Abogacía niega que se le consultase sobre este contrato una vez firmado para su posterior anulación. Esta versión contrasta con las explicaciones que aportó Miguel Osuna, quien dijo que solicitó un informe "por si ese contrato se podía anular". "En la Abogacía del Estado me dijeron que no porque el único requisito de la Ley de Contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Al firmar un contrato con un no residente, tenía unos derechos objetivos y si no lo cumplíamos nos podían demandar y probablemente hubiésemos perdido el juicio", afirmó Osuna en una entrevista publicada por EL PAÍS el 24 de noviembre de 2004. Sin embargo, la Abogacía niega que le solicitaran un informe y que impidiese la posible anulación.