El Síndic de Greuges reclama alternativas al internamiento para la reinserción de menores

El Síndic de Greuges recomienda a la Generalitat que potencie medidas alternativas al internamiento a la hora de aplicar las medidas que los jueces proponen para la reinserción de menores. Así queda reflejado en el informe especial que el titular de la institución, Bernardo del Rosal, entregó ayer en las Cortes Valencianas. El trabajo pide más medios humanos y materiales para todo el entramado -juzgados, fiscalía, centros, servicios de la Generalitat, etcétera- necesario para cumplir lo establecido en la Ley Penal del Menor, aprobada en el año 2000.

"La privación de libertad de un menor debe ser el último recurso"

El informe del Síndic pide más medios, tanto humanos, como técnicos y materiales

Bernardo del Rosal entregó ayer al presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, el informe especial elaborado por la institución en torno a la implantación de los medios necesarios para hacer efectivas las medidas de reforma previstas en la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor. Del Rosal acudió acompañado por el Síndic adjunto Carlos Morenilla, que ha sido el responsable del trabajo.

La primera recomendación que hace el informe es la de "insistir en la prevención de la delincuencia juvenil como mejor fórmula para hacer frente al problema, elaborando y mejorando los planes generales de prevención y dotando adecuadamente a los servicios y programas" existentes en la Comunidad Valenciana destinados a este fin. Y propone potenciar los instrumentos de protección y reducir los factores de riesgo, tal como establecen las recomendaciones internacionales en la materia. El informe también recomienda "fomentar la especialización de todos los profesionales implicados".

Del Rosal delegó en Morenilla a la hora de explicar a los periodistas el contenido del informe. El Síndic adjunto reconoció el esfuerzo de la Generalitat para la aplicación de una ley que calificó de "muy ambiciosa", pero que se puso en funcionamiento de forma "precipitada" y con recursos "escasos". Pero puntualizó que la "falta de coordinación" entre los diferentes estamentos implicados -en la Generalitat tienen competencias sobre menores las consejerías de Bienestar Social, de Educación y de Sanidad- y la insuficiencia de medios de los ayuntamientos para la prevención "es, lamentablemente, todavía la tónica general".

Morenilla insistió en la conveniencia de impulsar las medidas de régimen abierto, tal y como se hace en Cataluña, donde, según dijo, "dan por bueno un número de plazas menor que el existente en la Comunidad Valenciana", sin que el número de delitos sea inferior. Ello se debe, aclaró Morenilla, a que en la comunidad vecina han optado por "aplicar menos medidas de internamiento y más de medio abierto". Y consideró "imprescindible" la potenciación de este método en la Comunidad Valenciana a través de la ampliación de los recursos humanos y materiales necesarios, puesto que, como defiende el estudio, "la privación de libertad de un menor debe decidirse como último recurso y por el periodo mínimo".

Otra recomendación que el Síndic hace a la Generalitat es la de valorar la carga de trabajo que recae sobre los juzgados de menores y las secciones correspondientes de las fiscalías, para los que pide ampliar las plantillas y cubrir lo antes posible las vacantes, además de reforzar sus equipos técnicos de apoyo -psicólogos, educadores, trabajadores sociales- y sus recursos materiales.

Morenilla explicó en este sentido que la falta de medios humanos "produce un importante retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales de menores" y advirtió de que esto repercute en "la inseguridad jurídica y ciudadana" y "perjudica la finalidad educativa" de las medidas que ordenan los jueces para la reinserción de los menores conflictivos. Todas las carencias que cita el informa implican, según Morenilla, que "el sistema está fallando desde sus cimientos".

El informe de la Sindicatura también considera necesaria la ampliación del número de centros de internamiento. "Si hay listas de espera es que faltan plazas o centros por crear", dijo Morenilla, quien apuntó que en 2003 había 18 menores pendientes de ocupar una de las trescientas plazas que existen, una situación que, según puntualizó Bernardo del Rosal, puede prorrogarse hasta seis meses.