El discutido velo de Aukera Guztiak

El Supremo anuló el pasado fin de semana las candidaturas a las elecciones vascas presentadas por Aukera Guztiak (AG) por entender que esa agrupación de electores asume objetivamente el papel anteriormente desempeñado ante las urnas por Batasuna. Una sentencia de 27 de marzo de 2003 del alto tribunal ya había ilegalizado a esa formación partidista (con tal nombre o bajo las denominaciones de Herri Batasuna y Euskal Herritarrok) por operar como "complemento", "apoyo político" y "legitimador" de ETA; la resolución extendió la interdicción a cualquier tentativa futura de continuar -en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica- las actividades de la formación política disuelta mediante la creación de nuevas siglas o la utilización de otras ya existentes. La disposición adicional segunda de la ley de partidos de 27 de junio de 2002 -que fue la norma aplicada por el Supremo para disolver Batasuna- modificó también el régimen electoral de 1985 a fin de cerrar el paso a otra posible forma encubierta de engaño: la concurrencia a las urnas de agrupaciones de electores -como AG- que vinieran a suceder de hecho la actividad de un partido judicialmente ilegalizado.

La anulación de las listas de AG era previsible: dos fallos dictados por el Supremo sobre la misma materia con ocasión de las municipales de 2003 y las europeas de 2004 trazaron las líneas maestras de la jurisprudencia al respecto. Los magistrados del alto tribunal sólo han tenido que refinar sus técnicas de levantamiento del velo para descubrir el abuso del derecho perpetrado ahora mediante nuevos métodos de ocultamiento fraudulento aprendidos por Batasuna a lo largo de sus experiencias anteriores. El anunciado recurso de AG ante el Constitucional, que ya había desestimado los amparos presentados contra las sentencias del Supremo antes citadas, tampoco cuenta con precedentes favorables; no cabe olvidar, sin embargo, que los enfoques de ambos tribunales sobre la interpretación de los derechos fundamentales a veces discrepan.

Tanta la maliciosa rebusca de falacias leguleyas dentro de los intersticios del Estado de derecho como los legítimos debates académicos sobre algunos puntos de fricción entre la ley de partidos y las garantías constitucionales (la perentoriedad de los plazos del recurso electoral, el derecho pasivo al sufragio, la eficacia probatoria de los indicios aportados para demostrar la continuidad de una agrupación electoral respecto a la formación política disuelta) han sido utilizados por el Gobierno de Vitoria para criticar demagógicamente la sentencia del Supremo y presentar a los magistrados como serviles correas de transmisión de las órdenes del PSOE y del PP. La grosera descalificación del Poder Judicial por el lehendakari ha ido acompañada del gesto farisaico de recibir a una delegación de AG para solidarizarse con los perjudicados por una sentencia que favorece en cambio sus intereses electorales.

En cualquier caso, las relaciones de AG con el mundo del nacionalismo radical ocupan el centro del debate. Si la sentencia civil de disolución de Batasuna dictada por el Supremo al amparo de la ley de partidos de 2002 dio por probada su condición de brazo político de ETA, las investigaciones de Baltasar Garzón como juez instructor de sumarios penales han hecho aflorar durante estos años la constelación de organizaciones legales, alegales e ilegales creadas por la banda terrorista para cumplir tareas no sólo parlamentarias, sino también financieras, municipales, educativas, asistenciales, juveniles, culturales, feministas, deportivas, recreativas y de apoyo a los presos. Definido en sentido amplio, el mundo de ETA no se limita a los comandos encargados de perpetrar los atentados, sino que incluye también a quienes los ordenan, apoyan o encubren. ¿Cuál es el papel teatral asignado a AG en este drama por el deus ex machina que actúa de empresario? Razonamientos jurídicos aparte, la gente guiada por el principio de realidad y movida por la buena fe no tendrá demasiadas dudas a la hora de concluir que el guión de la agrupación de electores para las autonómicas vascas fue escrito por Batasuna, aunque una parte de los tramoyistas, los actores y la claque estén convencidos de su acrisolada independencia.