El Partido Popular catalán votó a favor del traslado de la CMT a Barcelona

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la decisión del Gobierno de trasladar a Barcelona la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Según Aguirre, esta decisión tiene carácter político y está motivada por "las deudas que tiene que pagar el Gobierno central a sus socios de Gobierno" (Esquerra Republicana de Catalunya e IU).

En el escrito elaborado por el Partido Socialista de Madrid (PSM) se asegura que "el 16 de marzo de 2005, el ministro de Industria, José Montilla, recordó en el Senado que el traslado de la CMT a Barcelona es una decisión que no sólo adoptó este Parlamento, sino que se votó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, con los votos también del PP. El 21 de febrero de 2001 (con Aznar al frente del Gobierno central), el portavoz popular en el Parlamento de Cataluña declaró literalmente: 'Nosotros votaremos a favor, sin ningún tipo de reserva. Pensamos que es una necesidad compensar las deficiencias que tiene Cataluña respecto a Madrid, por ejemplo, en esta materia, digamos de fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, y sería una buena medida el hecho de instalar aquí (Barcelona) la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones".

El informe elaborado por el PSOE recuerda, además, que "la comisión de Fomento y Vivienda del Senado aprobó el 17 de marzo de 2005 una moción por la que insta al Gobierno de la nación a ubicar el futuro Museo Nacional de Arquitectura en Barcelona. La iniciativa fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos (incluido el PP) y la abstención del PSOE, que justificó su actitud debido a que una comisión de expertos que se encarga de estudiar el asunto aún trabaja en ello".

El recurso presentado por Esperanza Aguirre a la decisión de trasladar la sede de la CMT arguye que se trata de una "injerencia" política sin precedentes contra un organismo autónomo "sin ninguna justificación técnica, económica ni jurídica". El Ejecutivo de Aguirre, que pide además la suspensión cautelar del traslado, argumenta que eso vulnera la Constitución y el Estatuto de autonomía en lo que se refiere a la capitalidad de Madrid.

Los servicios jurídicos de la Comunidad consideran que el cambio de sede decidido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio vulnera los límites de la potestad discrecional de auto-organización del Gobierno porque, además de tratarse de una decisión puramente política y "arbitraria", supone una "desviación de poder".