La Generalitat revoca ayudas a la patronal imputada por fraude

El Gobierno catalán ha revocado en los últimos meses la subvención a "un número importante" de cursos de formación ocupacional correspondientes a la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, cuyo presidente, Paz Dorado, figura entre los imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cornellà (Barcelona) por un presunto fraude en las subvenciones para cursos del Forcem.

Según explica el director general del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC, en sus siglas en catalán), Francesc Castellana,las revocaciones de cursos, totales o parciales, se han producido como consecuencia de un informe que así lo aconsejaba y que el Departamento de Trabajo e Industria recibió a finales del año pasado de la Intervención General de la Generalitat, adscrita al Departamento de Economía.

El informe elaborado por la Intervención fue encargado ya por el anterior Gobierno de CiU -las irregularidades con los cursos fueron presuntamente cometidas entre 1995 y 2000-, y "aconseja las revocaciones, de modo que nosotros hemos seguido a rajatabla lo que se nos recomendó", señaló Castellana, quien no pudo precisar ayer ni el número de cursos revocados ni el montante económico al que éstos equivalen.

"Errores o anomalías"

La Intervención General de la Generalitat no plantea en ningún momento en su informe que la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat haya incurrido en "fraude", añadió el director general de Empleo. La recomendación de las revocaciones se debe a "errores o anomalías, del estilo de una justificación insuficiente de las horas de cursos realizadas en relación a la subvención". Trabajo e Industria hizo hincapié en que, desde un primer momento, la Generalitat se personó como actor civil en el proceso, y, si ha lugar porque se demuestra un uso fraudulento de fondos de formación, está garantizado que éstos se repongan.

El presunto fraude, que se relata en un informe de la Guardia Civil remitido al juez, asciende a más de 1,3 millones de euros. Entre los imputados figuran, entre otros y además de la mencionada patronal, los secretarios generales de las organizaciones sindicales UGT y CC OO del Baix Llobregat (Juan José Casado y Vicenç Rocosa, respectivamente).

Ambos sindicatos, junto a la Confederación de Empresarios, constituyeron la llamada Asociación para el Desarrollo de la Formación, que solicitaba fondos del Forcem y luego repartía la ejecución de los cursos entre distintos centros. Considerando que la presidencia de esta asociación era rotatoria, Rocosa y Casado aparecen en diferentes etapas en tanto que sus representantes legales. Ambos aseguraron ayer "desconocer que se hubiese estado haciendo o no fraude".