Para que sean democráticas
El fiscal general y la Abogacía del Estado impugnarán hoy la candidatura Aukera Guztiak por considerar que se trata de una tapadera de Batasuna para burlar su prohibición. Tal prohibición supone, según Arnaldo Otegi, una vulneración de los derechos democráticos de Batasuna y de sus electores. Los partidos integrantes del Gobierno de Ibarretxe aprobaron el 18 de febrero en el Parlamento vasco una moción instando al Gobierno español a suspender la aplicación de la Ley de Partidos "para que las elecciones del 17 de abril sean democráticas".
Hay mucha demagogia en todo esto. La Ley de Partidos no impide ejercer el derecho de participación política (sufragio activo y pasivo), sino hacerlo a través de una candidatura ilegal. Aralar, escisión de Batasuna, es tan independentista como el tronco del que procede, y cuenta en sus filas con ex etarras muy conocidos. Pero a nadie se le ha ocurrido cuestionar su presencia en los comicios. Porque no hay duda de que no forma parte del entramado dirigido por ETA. Mientras que consta judicialmente -por decenas de actas de la Coordinadora KAS, entre otras pruebas- que Batasuna (antes HB) forma parte de una estructura en la que se deciden cuestiones como la participación o no en las elecciones o la composición de las candidaturas, y en las que la última palabra la tiene ETA: una banda que se financia mediante la extorsión y que ha asesinado a 838 personas y herido a 1.410, según el auto del juez Garzón de 25 de enero pasado por el que se procesa a 36 miembros de Batasuna y organismos afines.
De ésa y otras resoluciones de Garzón no sólo se deduce la imposibilidad de que Batasuna permanezca en la legalidad, financiada con fondos públicos, sino también el acierto de haber complementado la vía penal seguida por ese juez con la de una ley votada en el Parlamento, la de Partidos Políticos de 2002, que establece mecanismos para impedir cualquier intento de dar continuidad fraudulentamente al partido ilegalizado.
Hasta mediados de los 90 ETA asesinaba preferentemente a policías, guardias civiles y militares: a estos grupos pertenece el 63% de sus víctimas entre 1978 y 1994, mientras que los políticos asesinados suponen menos del 2%, según un estudio que acaba de publicarse (L. de la Calle e I. S. Cuenca: La selección de víctimas de ETA. Revista Española de Ciencia Política, nº 10, pp. 53-79). Pero desde 1995 los candidatos, representantes electos y dirigentes de los partidos no nacionalistas se convirtieron en blanco preferente de sus atentados, pasando a suponer el 30% de las 86 víctimas de este periodo. Por supuesto que la valoración moral de unos y otros crímenes es la misma, pero su efecto político es diferente. El asesinato de los rivales políticos, unido al acoso contra ellos por parte de los pandilleros de la kale borroka, hace imposible la democracia. No puede existir igualdad de condiciones cuando unos partidos tienen que moverse bajo amenaza terrorista, y otros no.
La ilegalización del partido que formaba parte de un tinglado que se consideraba con derecho a asesinar y perseguir a los demás partidos se convirtió en una condición necesaria, aunque no suficiente, para la existencia misma de la democracia en Euskadi. De ahí que entre los motivos de ilegalización la ley recoja expresamente el de "fomentar, propiciar o legitimar la violencia (...) para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas" (art. 9-2-b).
La ilegalización de Batasuna y la firmeza frente a los intentos de burlar su prohibición ha resultado un factor decisivo en el debilitamiento de la trama terrorista. A su vez, ese debilitamiento ha creado las condiciones, antes inexistentes, para que los intereses de los dirigentes de Batasuna (seguir en política) y los de los jefes de ETA (seguir mandando) diverjan. Y ha dado ocasión para que se expresen dentro de ese mundo, aunque todavía con sordina, opiniones contrarias a la continuidad de la "lucha armada". Sería muy lamentable que todo lo avanzado en este terreno se echara por la borda por hacer caso a los que confunden al brazo político de una organización terrorista con una ONG.
